Fiscalía solicita penas de hasta 32 años de prisión por corrupción en Baleares

PALMA, 18 de noviembre

El próximo lunes a las 10:00 horas se llevará a cabo el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares contra exfuncionarios del Govern, del Consell de Mallorca y representantes de la asociación PAS-Amics del Camí acusados de prevaricación, fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos. La Fiscalía pide un total de 32 años de cárcel para los acusados.

Entre los acusados se encuentran el gerente del Instituto de Estrategia Turística de las Islas (Inestur) de la Conselleria de Turismo del Govern, Antonio Oliver; el jefe del área de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (IMET), Antonio Rebassa; el responsable de supervisión de contratos menores del área del IMET, Sebastián Amengual; la vicepresidenta y consejera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró; el secretario general técnico del departamento de Cultura y Patrimonio del Consell, Joan Serra; el director de la asociación PAS-Amics del Camí, Lluis Planas, y el secretario y representante de la misma en Mallorca, Emilio Gallardo.

Según la acusación, los acusados, tanto funcionarios públicos como representantes de la Asociación PAS-Amics del Camí, se habrían coludido para favorecer indebidamente a la asociación con fondos públicos. Para justificar la transferencia de estos fondos, habrían utilizado contratos y subvenciones, aunque los contenidos de los mismos eran similares y se hacía un reparto entre distintas administraciones, especialmente el Govern y el Consell, cuyo único propósito era transferir fondos a la asociación.

De esta manera, se habrían celebrado contratos, concedido subvenciones y firmado convenios sin tener en cuenta el valor real de los servicios o actividades. Varias de las administraciones involucradas habrían fragmentado contratos y evitado la aplicación de la ley para evitar la realización de concursos públicos transparentes.

Según el fiscal, este concierto habría llevado a una irregularidad en los procesos de contratación pública, evitando la libre competencia y permitiendo que una entidad privada obtenga información confidencial y trato preferencial por parte de las administraciones, lo que habría causado un perjuicio económico al transferir fondos por un valor mayor al del mercado.

El escrito de la acusación indica que estos hechos se originaron en una reunión celebrada el 28 de noviembre de 2008, donde se comprometió una aportación económica de 88.000 euros a la asociación y se acordó la firma de un acuerdo marco. Además, se señala que se cometieron diversas irregularidades administrativas en el otorgamiento de fondos públicos para el beneficio de la asociación.

El Ministerio Público considera que estos hechos constituyen delitos continuados de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos oficiales por parte de los funcionarios implicados. Las penas solicitadas varían desde seis años de cárcel e inhabilitación absoluta durante diez años para Oliver y Rebassa por malversación y fraude, hasta multas y suspensiones de empleo para el resto de los acusados.

Asimismo, se solicita que se indemnice a la Comunidad, al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Valldemossa por los perjuicios ocasionados.