PALMA, 21 de agosto. En un giro significativo en la gestión de la migración, el Gobierno de Baleares ha decidido solicitar a la justicia la suspensión inmediata del proceso de acogida de menores migrantes provenientes de Canarias y Ceuta. Según los planes del Ejecutivo central, el archipiélago debería recibir a 49 de estos menores a partir del martes próximo.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, informó sobre esta decisión en una conferencia de prensa posterior a una reunión que mantuvo con los presidentes de los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, donde se discutieron las implicaciones de esta medida durante aproximadamente dos horas.

Durante la reunión, los líderes de las administraciones locales decidieron desarrollar una "estrategia legal" para tratar de detener el reparto de menores migrantes que, según se ha comunicado, tendría lugar desde el 28 de agosto.

Prohens recordó que en marzo pasado el Tribunal Constitucional aceptó a trámite el recurso presentado por el Govern contra la modificación de la ley de extranjería que posibilita este tipo de distribución. En consecuencia, anunció que también impugnarán el real decreto del 22 de julio que establece cómo se llevará a cabo la acogida de estos menores.

Asimismo, la presidenta señaló que planean recurrir la decisión que el Gobierno espera aprobar el martes para iniciar el reparto. Como parte de su argumentación, solicitarán una suspensión cautelar de dicha orden, basándose en la insostenible situación de los sistemas de acogida en las cuatro islas.

Actualmente, Baleares alberga a 680 menores extranjeros no acompañados que han llegado en embarcaciones. De ellos, más de 300 han llegado solo en este año. La sobrecarga de los centros de acogida, destacó Prohens, supera el alarmante nivel del 1.000%.

A pesar de la situación crítica, la presidenta alertó que muchos de los menores que llegan informan sobre la existencia de "centenares que están esperando en Argelia para cruzar en los próximos meses".

"Nuestro mensaje es muy claro: no tenemos la capacidad de acoger a estos menores en condiciones dignas. A todos los que esperan llegar a nuestras costas, les decimos que no hay recursos, no hay profesionales, ni espacios adecuados. Podríamos vernos forzados a habilitar lugares donde ningún menor debería vivir", concluyó Prohens.