En un acto de firmeza y preocupación, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, Sandra Fernández, ha dirigido este lunes una carta a la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, instándola a detener el traslado de 49 menores migrantes no acompañados de Canarias que se espera lleguen a las Islas Baleares.

Fernández ha puesto de manifiesto la carga actual que enfrentan los servicios de atención a la infancia en los consells insulares, que ya están atendiendo a 682 menores no acompañados, lo que representa un alarmante 1.000 % de sobreocupación en sus instalaciones.

El impacto de esta situación es profundo, como ha señalado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, afectando negativamente la calidad de la atención que reciben estos jóvenes. La consellera ha advertido que la presión sobre el sistema ha llevado a un agotamiento extremo de recursos humanos, financieros y residenciales.

Además, Fernández ha recordado a Rego que, según datos de su propio Ministerio, en marzo pasado las Baleares ya estaban acogiéndo a 226 menores más de lo que le correspondería, y ha subrayado que la llegada de niños y adolescentes a las costas de las islas es un fenómeno permanente.

La consellera ha criticado la "decisión unilateral" del Gobierno al asignar 49 nuevos menores a las Baleares sin considerar el estado de sobreocupación, y ha enfatizado que esta falta de apoyo financiero suficiente compromete seriamente la viabilidad del sistema de protección de menores y pone en riesgo otros servicios sociales esenciales.

Fernández ha recordado también que el Govern ha presentado recursos judiciales en contra del actual reparto de menores, al considerar que vulnera principios legales y de consenso, además de ignorar la opinión de los gobiernos autonómicos. Su compromiso es agotar todas las vías legales para proteger los derechos de estos menores.

En este contexto, Fernández ha expresado la "imposibilidad" de aceptar nuevos traslados de menores no acompañados bajo las condiciones actuales. “Queremos ser una comunidad solidaria, pero no a expensas del bienestar de los menores que ya estamos atendiendo ni del colapso de un sistema que ya ha alcanzado su límite”, concluyó.

Por su parte, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, anunció la semana pasada su intención de presentar dos nuevos recursos judiciales contra el reparto de menores migrantes desde Canarias, sumándose a uno ya interpuesto en marzo ante el Tribunal Constitucional.

Prohens indicó que estos recursos serán presentados ante el Tribunal Supremo, uno de ellos en oposición al real decreto emitido el 22 de julio que establece el procedimiento para las derivaciones, y otro contra el decreto que se prevé que se apruebe este martes por el Consejo de Ministros, el cual detallará la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas.

Respecto a este último decreto, Prohens afirmó que la Abogacía de Baleares solicitará la suspensión cautelar del reparto, que podría comenzar este mismo jueves.

Después de recibir críticas por parte de Rego y del Gobierno de Canarias, el portavoz del Govern, Antoni Costa, aclaró que su objetivo es paralizar exclusivamente el traslado de los 49 menores hacia Baleares, y no el movimiento de aquellos que serán enviados a otras comunidades de España.