PALMA, 14 de marzo. En Baleares, el Ministerio del Interior ha registrado un alarmante total de 4.155 casos activos de violencia de género, de los cuales 2.142 implican a víctimas que tienen menores a su cargo. Estos datos, proporcionados por el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska y difundidos por Europa Press, destacan la urgente necesidad de atención y recursos en esta problemática que afecta a tantas familias.

A fecha del 28 de febrero, el panorama se presenta preocupante: de los casos de violencia de género activos, 42 se consideran de alto riesgo, mientras que 674 están clasificados como de riesgo medio, 1.884 como bajo y 1.555 sin riesgo aparente. Es importante señalar que, afortunadamente, no hay ningún caso catalogado como de riesgo extremo, lo que ofrece un leve alivio en medio de esta crisis social.

Profundizando en la situación de los menores, el informe del Ministerio revela que de las 2.142 víctimas con hijos a cargo, 89 están expuestos a un riesgo significativo de agresión por parte del agresor de sus madres. Dentro de este grupo, se identifican tres casos en riesgo alto y 86 en riesgo medio, sin que se registren situaciones extremas. Además, se contabilizan 524 menores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, lo que resalta la necesidad de protección y apoyo para estas poblaciones más frágiles.

En una categoría que merece atención especial, se reportan 561 casos que son considerados de "especial relevancia", con 40 de ellos en riesgo alto y 521 en un rango de riesgo medio. Esta clasificación sugiere que existe un grupo de casos que, por su gravedad, requieren intervención inmediata y prioritaria por parte de las autoridades y servicios sociales.

A nivel nacional, la realidad también es desalentadora: el Ministerio del Interior ha identificado 100.899 casos activos de víctimas de violencia de género en toda España, de los cuales 52.792 involucran a menores. Estas cifras abren un debate sobre la importancia de aumentar la visibilidad de la violencia de género y la necesidad de implementar políticas efectivas que protejan a las víctimas y garanticen su seguridad.