24h Baleares.

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Autoridades de la Audiencia citan a exmiembros y empleados de la Policía Local de Palma por su presunta implicación en la manipulación de un proceso de oposiciones.

Autoridades de la Audiencia citan a exmiembros y empleados de la Policía Local de Palma por su presunta implicación en la manipulación de un proceso de oposiciones.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el martes la vista previa al juicio por el caso Exámenes. En este caso, se acusa a siete personas, incluyendo excargos y funcionarios de la Policía Local de Palma, de alterar el resultado de un concurso-oposición para el cuerpo municipal.

En el banquillo están sentados el ex director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo; el ex intendente jefe de la Policía Local de Palma, Antonio Vera; el ex comisario jefe de la Comisaría Operativa y de Seguridad, Rafael Estarellas, y otros cuatro funcionarios de la Policía Local.

Según el escrito de acusación, el 30 de diciembre de 2012 se dictó una resolución para convocar el concurso-oposición para cubrir 14 plazas de oficial de la Policía Local. Esta convocatoria incluía pruebas de aptitud físico-médica, preguntas tipo test sobre 30 temas, preguntas escritas sobre 30 temas y una prueba psicotécnica.

El fiscal alega que Calvo, Vera y Estarellas decidieron de mutuo acuerdo alterar el resultado del concurso-oposición para beneficiar a ciertos agentes. Calvo aprovechó su posición y jerarquía, mientras que Vera y Estarellas usaron su influencia y conocimientos sobre las pruebas para elaborar preguntas y respuestas específicas.

El 23 de mayo de 2012, Calvo convocó a uno de los agentes acusados y envió por correo electrónico las preguntas y respuestas a dos agentes más. Estas preguntas y respuestas fueron utilizadas en la prueba y los agentes obtuvieron resultados coincidentes.

El plan era favorecer a ciertos policías para que ascendieran y consiguieran una plaza fija como funcionarios. Además, el ex inspector archivó denuncias y expedientes relacionados con el caso.

El fiscal considera que los hechos constituyen delitos de revelación de secretos, prevaricación y omisión de perseguir delitos. Las penas solicitadas varían para cada acusado, pero incluyen prisión e inhabilitación para cargo público.