La Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Baleares (Amadiba) ha decidido emprender acciones legales contra el Consell de Ibiza para reclamar la cantidad de 2,2 millones de euros, más intereses, correspondientes a los servicios prestados entre 2017 y 2019. Esta medida se ha tomado después de que todas las gestiones previas para llegar a un acuerdo amistoso hayan fracasado. Según fuentes de la asociación, se sienten víctimas de una situación injusta y han decidido recurrir a los tribunales como último recurso.

El caso se remonta al mes de febrero, cuando el Consell anunció que había informado a los juzgados y a la Fiscalía Anticorrupción sobre posibles irregularidades en la contratación de servicios con Amadiba durante la legislatura 2015-2019. Ante esta acusación, la institución insular aprobó un informe técnico para analizar la deuda reclamada por la entidad social. Este informe, elaborado a lo largo del año 2021, concluyó que los hechos debían ser puestos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y del juzgado, ya que existían pruebas de contrataciones verbales, sin procedimientos y sin aval técnico.

Según el informe técnico, representantes políticos anteriores responsabilizan directamente al ex presidente del Consell, Vicent Torres, de haber encargado verbalmente a Amadiba trabajos fuera de los cauces legales. Además, se ha detectado que la asociación adjuntó como prueba dos contratos que, según el informe, habrían sido elaborados fraudulentamente después de haber sido denegados por el Consell Executiu.

El informe también revela que una persona que habría estado involucrada en estas presuntas contrataciones irregulares posteriormente trabajó en Amadiba. Asimismo, una empleada del Consell asegura haber sufrido presiones políticas para elaborar facturas sin ningún tipo de trámite administrativo.