PALMA, 11 de noviembre. Un significativo avance en la lucha contra la pobreza alimentaria ha sido anunciado en las Islas Baleares, donde alrededor de 860 familias comenzarán a recibir las nuevas tarjetas de alimentos. Este programa, gestionado por Cruz Roja Española a nivel nacional, se inscribe dentro del marco del programa de Asistencia Material Básica del Fondo Social Europeo Plus, que busca ofrecer una ayuda vital a quienes más lo necesitan.

La información fue compartida por Pep Falcó, director general de Asuntos Sociales, durante una rueda de prensa celebrada este lunes. En este encuentro, Falcó se reunió con representantes de 17 ayuntamientos y la Mancomunitat del Pla, así como con Jaume Ferriol, presidente de la FELIB. El objetivo de la reunión fue revisar los primeros meses de implementación de este sistema de ayudas y explorar las propuestas de mejora de los consistorios para que el proceso de solicitud sea más ágil.

Falcó destacó que, a pesar de los desafíos iniciales, el balance del programa es "positivo". Según sus palabras, "una vez que se entrega la tarjeta a los beneficiarios, pueden comprar alimentos de primera necesidad y elegir lo que desean adquirir", siempre en los supermercados incluidos en el esquema del programa. Esta flexibilidad en la elección de alimentos es fundamental para garantizar que las familias puedan acceder a productos que se adapten a sus necesidades y preferencias.

Sin embargo, el director general reconoció la existencia de dificultades en la implementación del programa. Inicialmente, se había previsto que las tarjetas comenzaran a distribuirse en abril, pero la autorización por parte del Ministerio no llegó hasta julio. Esta demora, según Falcó, ha llevado a algunos problemas logísticos en la entrega de una mayor cantidad de tarjetas a quienes las solicitan.

En sus aclaraciones, Falcó mencionó que esta nueva modalidad de ayuda no sustituye a las anteriores, sino que representa una evolución en el proceso. Hasta ahora, las organizaciones como el Banco de Alimentos y Cruz Roja recibían donaciones en especie; ahora, la asistencia se proporcionará en forma de dinero, facilitando así la adquisición de alimentos a través de las tarjetas.

El gobierno autonómico ha avanzado en la recopilación de solicitudes, y hasta la fecha se han registrado 860 familias que se beneficiarán de estas tarjetas. Falcó subrayó que el Ejecutivo de las Baleares lleva una semana y media de ventaja respecto a Cruz Roja en el proceso de tramitación.

El funcionamiento de estas tarjetas se basa en un sistema de ingresos que se realiza trimestralmente. Cada familia recibe un primer ingreso al inicio del trimestre, con la posibilidad de seguir recibiendo la cuantía asignada durante un año, sujeta a una revisión anual para garantizar que su situación económica no haya cambiado.

Respecto a la cuantía asignada a cada tarjeta, Falcó explicó que varía según el número de integrantes de la familia. Si bien se ha establecido que es necesario que al menos haya un menor a cargo para acceder a la ayuda, los fondos se distribuyen de forma escalonada según el tamaño familiar, asegurando así que las familias más numerosas reciban un apoyo mayor.

Por otro lado, en respuesta a las inquietudes sobre la agilidad del proceso, Falcó subrayó que, en un contexto ideal como el año 2025, la implementación no enfrentaría los mismos obstáculos. "En estos primeros meses se han gestionado ya 860 tarjetas", indicó, y concluyó que se solicitará a los ayuntamientos que contacten proactivamente a las familias que podrían beneficiarse, para así acelerar el acceso a esta ayuda crucial.

Desde diciembre de 2023, la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales ha destinado alrededor de cuatro millones de euros a convocatorias dirigidas a entidades que llevan a cabo proyectos dedicados a la alimentación, con el objetivo de atender a aquellas personas que no pueden acceder al programa de tarjetas de alimentos debido a no tener menores a su cargo.

En términos de apoyo financiero, este año la Conselleria ha asignado 2.295.000 euros a entidades encargadas de la distribución de alimentos y comedores sociales. De esta suma, 1.159.000 se han canalizado a través del 0,7 por ciento del IRPF y el impuesto de sociedades, mientras que el resto es aporte del Gobierno regional. Estas iniciativas no solo reflejan un compromiso a corto plazo, sino que se suman a los 1,6 millones aprobados en diciembre de 2023 para su implementación hasta 2025.