En una reciente declaración, el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, manifestó su esperanza de que todas las comunidades autónomas colaboren en el inicio del proceso de redistribución de menores migrantes que han llegado a Canarias. Sin embargo, no dudó en advertir que, en caso de que alguna región decida obstaculizar este proceso, las fuerzas de seguridad del Estado intervendrían para asegurar el cumplimiento de la ley.

Durante una entrevista en TVE, el ministro reiteró su confianza en que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros será respetado: “Es difícil imaginar que algún presidente o presidenta incumpla la ley”, subrayó, haciendo referencia a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que han mostrado su intención de impugnar esta normativa.

Sobre los posibles recursos legales, Torres se mostró convencido de que no tendrán éxito: “Han llevado el asunto ante el Tribunal Constitucional y algunos incluso al Supremo, lo cual es su derecho, pero las modificaciones legislativas que hemos implementado son justas”, destacó, instando a los líderes regionales a reflexionar sobre la situación.

Las críticas a esta normativa, en particular las realizadas por la presidenta balear, Marga Prohens, fueron calificadas por Torres como “lamentables”. Además, le recordó que su comunidad no había cumplido con el requisito de enviar la información sobre los menores que estaban bajo su responsabilidad, según lo solicitado por el Ministerio de Infancia.

Asimismo, abordó la situación del Govern balear, advirtiendo que podrían estar ante una contingencia migratoria significativa, al tener que acoger hasta tres veces su capacidad habitual. Apuntó que, aunque su partido no apoyó el decreto, este es vital y refleja la solidaridad necesaria en estas circunstancias.

Torres también aseguró que el Gobierno de España está dispuesto a brindar el respaldo financiero necesario para la acogida de estos menores, recordando que ya se había asignado un presupuesto inicial de 100 millones de euros. “Hemos trabajado en este sentido tanto en 2022 como en 2023, destinando fondos a las comunidades que acogen a estos niños. Así que el tema del apoyo económico no debería ser una preocupación”, concluyó el ministro.