El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto en tela de juicio la viabilidad de la medida de conversión de interinos en fijos, condicionándola a que no entre en conflicto con la normativa nacional, lo cual es el caso en España y dificulta su implementación práctica.

PALMA, 13 Jun.

Los sindicatos de Baleares se encuentran analizando detenidamente el fallo del TJUE con respecto a la situación de los interinos en abuso de temporalidad y su posible conversión en empleados fijos.

Tanto desde CCOO, como desde UGT y STEI, han advertido de manera unánime que la decisión del Tribunal establece como condición indispensable que la medida no vaya en contra de la legislación nacional, lo que complica su aplicación en España. Este escenario diluye la eficacia concreta que pueda tener en el país la posición del TJUE, especialmente en el contexto previo a la constitución de la Mesa Sectorial del Empleado Público en Baleares.

El fallo europeo, en respuesta a una pregunta prejudicial, reconoce la posibilidad de convertir en empleados fijos a los interinos que hayan estado en abuso de temporalidad. El caso analizado involucra a unas interinas catalanas cuyo puesto de trabajo fue ocupado por un funcionario de carrera, argumentando que su labor no respondía a necesidades temporales, urgentes y excepcionales, sino a necesidades ordinarias, duraderas y permanentes.

El punto conflictivo para los sindicatos radica en la mención al final del fallo, que establece que la conversión en fijos debe llevarse a cabo siempre y cuando no implique una interpretación "contra legem" de la normativa nacional. En el caso de España, la Constitución establece que el acceso a la función pública debe realizarse respetando los principios de mérito y capacidad.

Por esta razón, en una primera evaluación a la espera del dictamen de los servicios jurídicos, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Alfredo Gutiérrez, considera que el TJUE está devolviendo la responsabilidad a España.

Gutiérrez advierte que la decisión del TJUE "no cambia nada" en comparación con la postura anterior del sindicato, al menos no de manera inmediata a menos que se realicen cambios en la Constitución española "más allá de mensajes populistas interesados".

En la misma línea se ha expresado el secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Baleares, Miguel Ángel Romero, quien aguarda el informe jurídico de los servicios nacionales y señala la controversial referencia del fallo sobre el choque con la legislación nacional.

Romero también destaca la necesidad de diferenciar entre el personal laboral y los funcionarios, argumentando que existen diversas situaciones que hacen que sea "pretencioso hablar de un criterio general".

Mientras tanto, desde STEI Intersindical consideran que el fallo europeo es una crítica a la administración española, aunque sin un efecto práctico inmediato.

STEI ha vuelto a poner de manifiesto el origen del problema, que sitúan en la limitación de las convocatorias públicas entre 2007 y 2016 en los presupuestos estatales. "Se ha jugado con la estabilidad de muchas personas. La administración ha obligado a muchas personas a trabajar como interinos cuando deberían haber podido acceder a sus puestos fijos", lamentan.

Por otra parte, STEI destaca que el fallo constituye una crítica a los procesos de estabilización realizados en España, al considerar que las compensaciones para los cesados no son suficientes ni disuasorias para la administración, lo que no evita la repetición de abusos.

Estas compensaciones, equivalentes a 20 días por año trabajado, equiparan los ceses de estos trabajadores a despidos objetivos en el sector privado, según Gutiérrez de CCOO. "En su momento dijimos que dicha medida disuasoria era insuficiente", reflexiona.

Por ello, el representante de Comisiones hace hincapié en que las indemnizaciones deben tener un efecto disuasorio para evitar que las administraciones vuelvan a cometer abusos en el futuro. Espera que la posición del Tribunal europeo contribuya a presionar a las administraciones para que no repitan los errores del pasado y no continúen cubriendo puestos estructurales bajo la excusa de necesidades temporales: "Es hora de que actúen de una vez por todas, ya que están repitiendo los mismos errores del pasado".

Por su parte, el Sindicato Independiente, Autónomo y Unitario (SIAU) ha instado al Ministerio de Educación a estabilizar la situación de los docentes que están en abuso de temporalidad.

SIAU considera que la postura del TJUE confirma sus argumentos y lamenta: "Mientras Europa progresa en la dirección correcta, el Estado español continúa yendo en sentido contrario, condenando a los docentes a una precariedad absoluta".

Según SIAU, "España no está haciendo lo suficiente para castigar adecuadamente el abuso de temporalidad". En ese sentido, insta a estabilizar a todo el personal docente interino sin excepción.