PALMA, 10 de diciembre.

En una jornada crucial para el futuro del sector pesquero balear, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha expresado su determinación de encontrar una salida al conflicto generado por la Dirección General de Pesca de la Unión Europea. Este pronunciamiento se produce en el contexto de una controvertida propuesta que busca restringir de manera drástica los días de pesca de arrastre en el Mediterráneo, un tema que ha suscitado un gran malestar entre los profesionales del sector.

Simonet, quien se encontraba en Bruselas acompañado por Antoni Grau, el director general de Pesca del Govern, así como por representantes de la comunidad pesquera de Baleares y de otras regiones españolas, destacó la importancia de estar presentes en las negociaciones que podrían definir el futuro del sector pesquero. La prioridad de este encuentro es hacer escuchar la voz de los pescadores en un momento decisivo para sus actividades.

Durante su intervención, el conseller calificó la propuesta de la Comisión Europea como "inaceptable", reflejando el clima de preocupación y resistencia que impera entre los pescadores. En su declaración, Simonet admitió que, tras una reunión frente al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, no había novedades sobre el estado de la propuesta.

"Estamos a la expectativa de que surja alguna evolución en este asunto. Hoy hemos llevado a cabo una acción simbólica de presión para instar a una resolución al problema originado por la Dirección General de Pesca de la UE", comentó el conseller, subrayando la necesidad de diálogo y entendimiento en medio de la tensión.

La semana pasada, Simonet hizo llegar una carta al nuevo comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, donde expresaba enérgicamente su desacuerdo con la propuesta de la Comisión Europea, que plantea una reducción de cerca del 70% en los días de faena permitidos para las embarcaciones de arrastre. Esta medida, de ser implementada, tendría consecuencias devastadoras, advirtió, pues dejaría a Baleares sin acceso a pescado fresco de proximidad y provocaría la "ruina de las estructuras sociales y económicas del sector pesquero".