PALMA, 22 de octubre. En un acto reciente, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha expuesto su perspectiva sobre un cambio significativo en la normativa agraria que podría beneficiar al sector agrícola local. La propuesta sugiere la ampliación del número de plazas turísticas en explotaciones agrarias, aumentando el límite actual de seis a diez.

Antes de participar en una reunión del Consejo Agrario Interinsular, donde se presentó el anteproyecto de la nueva ley, Simonet se dirigió a los medios para explicar los posibles beneficios de esta medida. En este contexto, destacó que la ley agraria contempla un total de 220 artículos y 25 disposiciones, de las cuales solamente una se refiere a las agroestancias, generando un debate en el sector primario.

Simonet hizo hincapié en que la decisión de aumentar el número de plazas turísticas responde a una demanda del sector, donde diversas asociaciones habían solicitado incrementos variando entre 10 a 14 plazas. Aseguró que este aumento no implicará la creación de nuevas plazas turísticas, ya que todas las adiciones deberán formar parte de un sistema regulado.

Además, el conseller destacó que la ley requerirá que quienes opten por esta modalidad realicen venta directa y degustaciones de productos locales, una medida que busca fortalecer la conexión entre el productor y el consumidor, trabajo que anteriormente era opcional.

Simonet argumentó que esta figura tiene el potencial de beneficiar a las explotaciones que así lo decidan, enfatizando que no es una obligación, y que la legislación está diseñada para que los agricultores de las Islas Baleares se equitven en competitividad con sus homólogos de otras regiones, como Catalunya o Dinamarca.

En la reunión del Consejo Agrario, la primera durante esta legislatura, el conseller también reveló que el anteproyecto incorpora un 80% de las sugerencias recibidas del sector primario en los últimos meses, lo que demuestra un esfuerzo de colaboración y adaptabilidad a las necesidades del campo balear.

El plazo para presentar alegaciones al anteproyecto está por finalizar, y Simonet se comprometió a analizar todas las aportaciones de manera constructiva, buscando fortalecer un campo más viable y lleno de oportunidades para agricultores y ganaderos.

Entre las novedades que destacan en el texto legislativo, se incluyen medidas para facilitar la actividad agrícola, fomentar la venta directa y la degustación de productos locales, así como promover el uso de energía renovable y simplificar la burocracia existente.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y el Colegio Oficial de Agrónomos de Levante (Coial) han expresado su apoyo a este anteproyecto, argumentando que la nueva normativa abordará limitaciones actuales y facilitará el desarrollo sostenible del sector primario.

Los jóvenes agricultores han manifestado su satisfacción por la propuesta de reducción de trámites burocráticos, que consideran uno de los principales obstáculos en su labor diaria. Asimismo, celebran el reconocimiento del carácter estratégico de la agricultura en el contexto de las Islas y la necesidad de compensaciones específicas que aborden las desventajas frente a las zonas continentales.

Además, Asaja ha valorado positivamente la regulación que promueve la reutilización de los recursos hídricos y el uso eficiente del agua, junto a la creación de alternativas económicas que favorezcan la viabilidad de las explotaciones agrarias.

Se ha aplaudido el enfoque en la promoción de productos locales y la mejora de los canales de comercialización para facilitar la venta directa, así como el apoyo a la inclusión de jóvenes y mujeres en el sector, buscando igualdad de oportunidades y un relevo generacional efectivo.

Desde un enfoque ambiental, Asaja ha celebrado la propuesta que reconoce a la agricultura como un aliado crucial en la lucha contra el cambio climático, integrando la gestión de recursos naturales y explorando la comercialización de créditos de carbono.

El Colegio Oficial de Agrónomos también ha manifestado su satisfacción con la intención de situar la actividad agraria y a sus trabajadores en el centro de las políticas públicas, subrayando su papel esencial en la sostenibilidad económica y social.

En esencia, los ingenieros agrónomos han destacado la simplificación administrativa, el reconocimiento de la diversidad de explotaciones y la introducción de medidas para un uso responsable del agua, así como la posibilidad de aprovechar residuos agrícolas para otras aplicaciones productivas, lo que contribuirá a una agricultura más sostenible en la región balear.