Roca afirma que el Ayuntamiento de Palma brindó opciones de vivienda a todos los exinternos de la antigua prisión.

PALMA, 26 de marzo. La segunda teniente de alcalde y responsable de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, ha afirmado que el gobierno local ha ofrecido alternativas habitacionales a todas las personas que residen en la antigua prisión, pero ninguna de ellas ha optado por estas opciones.

Durante un Pleno municipal celebrado este jueves, Roca explicó la situación actual en el recinto y la decisión de retirar el padrón de las personas en situación de vulnerabilidad. Aseguró que la acción de desalojo busca abordar un "grave problema de seguridad" y que la municipalidad está actuando en cumplimiento de su obligación legal para recuperar el inmueble.

Roca enfatizó la intención de la corporación de prevenir posibles peligros tanto para los residentes actuales como para la comunidad en general, afirmando que se han ofrecido alternativas adecuadas. A pesar de que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) contactó con algunos residentes y ocho mostraron interés, finalmente rechazaron las propuestas, subrayando que la aceptación de estos servicios es voluntaria y no puede ser impuesta.

Además, la regidora mencionó que han mantenido diálogos con el Obispado de Mallorca con el fin de encontrar una solución "real y efectiva". Criticó a aquellos que "obstaculizan" el desalojo, calificando esa actitud como una "responsabilidad grave".

Roca también se dirigió a la oposición, reprochándoles su "superioridad moral" al criticar la gestión de la pobreza, recordando que bajo su administración se mantuvo a estas personas en condiciones de riesgo. Su comparecencia fue solicitada por el grupo de Unidas Podemos, cuya regidora, Lucía Muñoz, ha pedido la renuncia o destitución de Roca por parte del alcalde, Jaime Martínez.

Muñoz había solicitado previamente respuestas para las personas en "mayor vulnerabilidad", quienes se enfrentan al desalojo de su única alternativa habitacional, lo que las dejaría "en la calle, expuestas a la intemperie". La edil también mencionó errores en el registro de la población de la antigua prisión y destacó la falta de coordinación institucional, sumando las críticas a la retirada de pertenencias de los residentes por parte de los trabajadores del Ayuntamiento.

En relación a las declaraciones de Martínez sobre las alternativas habitacionales, las cuales serían "temporales" y destinadas a "ciertos perfiles", Muñoz expresó su preocupación de que esto implique la creación de categorías de ciudadanos de primera y de segunda, dejando a algunos en la calle.

Respecto al padrón municipal, Muñoz acusó a la administración de haber llevado a cabo "bajas masivas" y cuestionó la solicitud de listados a entidades como Cruz Roja, argumentando que el Ayuntamiento debería "garantizar derechos" en lugar de limitar el acceso a servicios vitales para estas personas.

La regidora alertó sobre las "graves consecuencias" que esto conlleva, como la dificultad para acceder a servicios sociales, atención sanitaria, prestaciones y, en última instancia, la posible eliminación del derecho al voto. Calificó esta situación de "paso hacia la exclusión total" y la consideró un verdadero "escándalo", dirigiendo sus críticas a Roca por culpar a los técnicos municipales.

Roca respondió que el procedimiento sigue una circular técnica que busca "cumplir la ley", aclarando que Cruz Roja tiene la responsabilidad de actualizar el registro de personas sin hogar. Según su explicación, se generó un archivo que clasifica a los empadronados en diferentes categorías, incluyendo aquellos localizados a través de unidades móviles de emergencia social.

La regidora destacó que esta circular no es nueva y ya existía en administraciones anteriores, defendiendo que la revisión del padrón se lleva a cabo con "criterios técnicos" y que es necesario que Servicios Sociales certifique la residencia de estas personas en el municipio.

A pesar de esto, subrayó que el inicio del procedimiento no implica una baja automática, pues durante el trámite, los afectados siguen figurando en el padrón, iluminando casos donde se han encontrado personas a lo largo del proceso, lo que permite archivar el expediente. Este proceso, dijo, está respaldado por un informe vinculante de la Junta de Empadronamiento, argumentando que se trata de un método "garantista y regulado".

Roca desmintió la existencia de "bajas masivas" o decisiones políticas detrás de estas acciones, reiterando que todas provienen de normativas establecidas por el Gobierno central. Al mismo tiempo, defendió que el Ayuntamiento continúa trabajando para registrar a personas que requieren acceso a la red básica de servicios sociales, mencionando que cerca de 1.500 personas se encuentran en esta situación en la oficina de atención ciudadana de Avenidas.