PALMA, 13 de marzo. Un grupo de diputados nacionales del PSOE, Sumar Més y Podemos, conformado por Pepe Mercadal, Vicenç Vidal y Martina Velarde, respectivamente, ha presentado en el Tribunal Constitucional un recurso que impugna la ley de simplificación y las legalizaciones en terrenos rústicos asociadas a esta normativa.

Pepe Mercadal, representante del PSOE, calificó esta medida como "un ataque sin precedentes al territorio de Baleares", un sentimiento compartido por las formaciones progresistas que han respaldado este recurso, junto a más de treinta organizaciones que integran el Fòrum de la Societat Civil.

La propuesta, que cuenta con el respaldo de 50 diputados de PSIB, Podemos y Sumar Més, ha tomado impulso en las Islas Baleares y ha recibido el apoyo de diversas coaliciones políticas como MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Sumar y Unidas Podemos, que representan a numerosas organizaciones sociales y ambientales.

Entre las organizaciones aliadas en esta lucha se encuentran importantes entidades como GOB Mallorca, GOB Menorca, Amics de la Terra, Pla de Mallorca XXI, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Obra Cultural Balear, Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Palma, Col·lectiu Alternatives, CCOO y STEI-Sindical.

Los grupos políticos y las organizaciones firmantes de este recurso consideran que la ley de simplificación administrativa constituye "el ataque más grave contra el suelo rústico", haciendo hincapié en la legalización de viviendas en situaciones irregulares.

Argumentan que esta normativa implica una “agresión ambiental sin precedentes” y ha encontrado una oposición férrea desde el inicio de su proceso legislativo por parte de los grupos parlamentarios de la izquierda.

El recurso elevado al Tribunal Constitucional se articula en torno a dos ejes de inconstitucionalidad, enfocándose en el mecanismos de legalización general de inmuebles y usos irregulares, así como la figura del silencio positivo, que según los denunciantes favorece aún más las legalizaciones. Además, cuestionan la posibilidad de que estas legalizaciones se dirijan hacia el alquiler turístico.