PALMA, 6 de junio.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha solicitado al Gobierno de España que, como parte de su nuevo plan estatal de vivienda, desarrolle iniciativas que aumenten la disponibilidad de recursos para programas que fomenten la incorporación de viviendas vacías al mercado.

Durante una rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes celebrada el viernes en Barcelona, Prohens subrayó la necesidad de ofrecer incentivos, pero enfatizó que la verdadera solución radica en establecer una "seguridad jurídica" que solo el Gobierno central puede garantizar para motivar a los propietarios a poner sus inmuebles en alquiler.

En este contexto, la presidenta ha urgido al Gobierno a que se apruebe sin más demora la llamada 'ley antiokupación' en el Congreso, que permitiría actuar rápidamente frente a la ocupación ilegal de propiedades, con el objetivo de facilitar desalojo en un periodo de 24 horas.

Prohens argumentó que si los propietarios no cuentan con la certeza de que se tomarán acciones firmes contra la ocupación, se volverá sumamente difícil que se sientan seguros al ofrecer sus viviendas vacías para alquiler asequible.

Adicionalmente, ha requerido que se transfieran recursos a las comunidades autónomas, destinados a compensar a aquellos propietarios que no puedan recuperar sus casas por encontrarse ocupadas por familias en situación de vulnerabilidad, destacando que los fondos actuales son insuficientes para atender esta problemática.

La presidenta también ha propuesto al Gobierno que se habiliten ayudas directas y una cesión de terrenos públicos pertenecientes al Estado para la construcción de viviendas de alquiler asequible, priorizando a funcionarios del Estado como miembros de las fuerzas de seguridad y profesionales del ámbito salud y justicia.

Asimismo, ha solicitado un incremento de las ayudas al alquiler que gestiona el Gobierno central, argumentando que estas no reflejan el precio real del mercado inmobiliario en Baleares.

Según Prohens, la alta demanda y los elevados precios de la vivienda están dificultando la cobertura de puestos de trabajo en las administraciones públicas, especialmente en sectores cruciales como la policía, la sanidad, la educación y la justicia.

Finalmente, la presidenta insistió en la necesidad de que el Gobierno de España actualice la indemnización por residencia para los funcionarios del Estado, equiparando las condiciones con el reciente ajuste del plus de insularidad que se ha implementado para los funcionarios autonómicos, con el fin de garantizar una vida digna en las Islas.

Como cuestión alarmante, Prohens destacó que actualmente hay 750 vacantes en el ámbito de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Baleares, lo que representa un agravio comparativo significativo en términos de seguridad ciudadana respecto a otras comunidades autónomas.