En Palma, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha desmentido las acusaciones de querer implementar una "amnistía en rústico", ya que esto implicaría "olvido y perdón a cambio de nada".

Según Prohens, no se trata de una amnistía en rústico, sino de regularizar construcciones ilegales con sanciones ya prescritas a cambio de cumplir ciertos criterios urbanísticos y medioambientales establecidos en un futuro decreto.

Estas declaraciones surgieron como respuesta a las críticas del portavoz de MÉS en el Parlament, Lluís Apesteguia, quien acusó al Govern de querer aplicar esta supuesta amnistía a 25.000 viviendas ilegales en zonas rústicas.

Prohens defendió que estas construcciones ilegales no son un problema nuevo y criticó la falta de acción durante los ocho años anteriores. Además, rechazó rotundamente la idea de aprobar leyes por conveniencia política para favorecer a determinados grupos de interés.

La presidenta reconoció que la situación de la vivienda en Baleares no es la ideal y afirmó que no van a engañar a la ciudadanía con soluciones simplistas. Destacó la complejidad del tema y defendió las políticas de vivienda de su Ejecutivo, incluyendo medidas como el decreto de emergencia habitacional y el programa Alquiler Seguro para incentivar a los propietarios de viviendas vacías.

Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, lamentó que para el PP la vivienda sea vista como un activo financiero y criticó la falta de resultados con las medidas implementadas. Prohens respondió instando a presentar propuestas viables y a estudiar el fracaso de las medidas anteriores.