PP y Vox inician el proceso para reactivar enmiendas a la ley de aceleración, buscando respaldo únicamente en su electorado.

El escenario político en las Islas Baleares se complica con la reciente disputa por las enmiendas al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos. Desde Unidas Podemos y Agustín Buades, se ha hecho énfasis en la necesidad de recuperar ciertas modificaciones que consideran vitales, mientras que MÉS per Mallorca adopta una postura contraria, abogando por preservar la integridad del texto original.

En un movimiento coordinado, el PP y Vox han iniciado el proceso para revivir enmiendas que fueron desestimadas en la comisión pertinente. Este paso es crucial, ya que su futuro ahora dependerá únicamente del respaldo que puedan obtener de sus propios miembros. Ambos partidos han presentado escritos ante la Mesa del Parlament solicitando la reconsideración de las propuestas que anhelan ver incluidas.

Por un lado, los populares buscan reactivar un total de 68 enmiendas, mientras que Vox ha solicitado la reintroducción de una docena de las suyas. La aprobación de estas solicitudes requerirá una mayoría absoluta en el órgano legislativo, algo que ambos partidos pueden lograr al ocupar tres de los cinco asientos que componen la Mesa. La siguiente reunión de este grupo está programada para el miércoles.

La semana pasada, la Comisión de Hacienda y Presupuestos se encargó de evaluar las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Sin embargo, el PSIB, que lidera la comisión, decidió rechazar la gran mayoría de ellas al considerar que no se alineaban con el objetivo del proyecto original. Esta decisión, aunque respaldada por el reglamento parlamentario, ha suscitado una serie de tensiones que no se habían visto en ocasiones anteriores.

Los asesores legales de la Cámara, según el PP, recomendaron no tramitar 210 de las 314 enmiendas debido a su falta de conexión con la ley en cuestión. Entre las propuestas rechazadas se encuentran algunas que implican exenciones en el dominio del catalán para ciertos puestos públicos, reducciones fiscales para la adquisición de vivienda, y restricciones en el acceso a ayudas sociales para personas en situación administrativa irregular.

Desde el PP, se argumenta que estas enmiendas están alineadas con la intención de "aligerar las cargas administrativas y atraer talento e inversiones", en un intento por transformar profundamente el modelo económico de la región. Vox, por su parte, critica la decisión de rechazar sus propuestas, alegando que se fundamentó en una aplicación "arbitraria" del reglamento, y sostiene que sus enmiendas son pertinentes para el contexto de la ley en debate.

En este contexto, el diputado de Unidas Podemos, José María García, también ha solicitado a la Mesa que reconsidere seis enmiendas de su grupo. Agustín Buades, un diputado no adscrito, también ha sido uno de los primeros en hacer esta petición.

En contraposición, MÉS per Mallorca ha remitido un comunicado al órgano de control parlamentario instando a que no se admita ninguna enmienda que no esté relacionada con el texto original, advirtiendo que si se lleva a cabo una reconsideración, no dudarán en acudir al Tribunal Constitucional, argumentando que la ley resultante sería producto de un proceso "viciado".