PALMA, 23 de octubre.

La Conselleria de Educación y Universidades ha dado a conocer, a través del Boletín Oficial de Baleares (BOIB), las directrices actualizadas que marcarán el camino en el proceso de evaluación del alumnado en educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Conselleria, estas nuevas regulaciones buscan aportar estabilidad al sistema de evaluación, alejándose de la incertidumbre que genera la necesidad de resoluciones anuales y asegurando una aplicación equitativa en todos los centros educativos de la región.

Uno de los aspectos más relevantes de estas disposiciones es el reconocimiento de la autonomía de cada institución para decidir sobre sus métodos de evaluación y calificación, otorgando un papel protagónico al criterio profesional de los docentes en el proceso de toma de decisiones.

Las nuevas órdenes se diseñan considerando las particularidades de cada nivel educativo, con la intención de distanciarse de enfoques rígidos y uniformes, lo cual permitirá una mejora en el cumplimiento de objetivos variados y en la atención a la diversidad de los contenidos impartidos.

Asimismo, se establece un marco común para las sesiones de evaluación, asegurando la coherencia entre todos los centros educativos, y se definen los momentos clave en los que las familias recibirán actualizaciones sobre las calificaciones de sus hijos.

La Conselleria también señala que facilitar la información a las familias se ha optimizado, puesto que se proporcionará un documento final único, con el propósito de reducir la carga burocrática y ofrecer mayor claridad a los padres y tutores.

En términos de coordinación entre las diferentes etapas educativas, se especifica la información fundamental que debe ser transferida a los estudiantes. Por ejemplo, al avanzar de Educación Infantil a Primaria, se comunicarán datos esenciales sobre habilidades de lectoescritura, matemáticas y otros aspectos significativos.

Por último, estas nuevas directrices instauran un procedimiento claro y accesible para abordar posibles reclamaciones, tanto por parte de las familias como de los centros educativos, fortaleciendo así la seguridad jurídica y asegurando que las discrepancias se resuelvan de manera adecuada.