La presidenta del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Palma ha tomado la impactante decisión de disolver el jurado popular que estaba juzgando la muerte de un bebé que fue arrojado a un contenedor en Porto Cristo, Mallorca. Esta acción implica la suspensión definitiva del procedimiento, generando un fuerte eco en la sociedad.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), esta determinación ha surgido debido a las serias dudas sobre la competencia de un perito que había declarado a instancias de la defensa de los acusados. Este hecho ha suscitado interrogantes sobre la validez de la prueba presentada.

La jueza argumentó que el único informe aportado por la defensa no puede ser considerado como una prueba válida, ya que la legislación de enjuiciamiento criminal requiere que el perito cuente con las credenciales oficiales necesarias para emitir tal dictamen. Este requisito legal es fundamental para mantener la integridad del proceso.

Ante esta situación, la magistrada concluyó que el juicio no podía proseguir, pues si la defensa se quedara sin pruebas aceptables, se vería vulnerado el principio de igualdad de armas y los derechos de defensa y tutela judicial, tal como establece nuestra Constitución.

Desde el lado de la defensa, se ha informado que se han encontrado dificultades para localizar al perito en cuestión, quien había presentado una opinión que sugirió que el bebé podría haber muerto por un aborto. Esta falta de pruebas genera incertidumbre sobre el camino a seguir.

En una vista reciente, el TSJIB precisó que la Fiscalía ha solicitado que se abra un procedimiento judicial en contra del perito mencionado. Las defensas no han puesto objeciones a esta solicitud, lo que ha llevado a la jueza a abrir una investigación sobre este caso.

La Audiencia de Palma tendrá ahora la tarea de nombrar a un nuevo magistrado o magistrada para que presida un tribunal popular formado por nuevos jurados y reinicie el juicio desde sus primeras etapas.

Es relevante recordar que este juicio se introdujo el 27 de octubre, donde estaban en el banquillo la madre y el tío del bebé, enfrentando potencialmente una condena de prisión permanente revisable por asesinato, mientras que la cuñada de la madre fue acusada de omisión de socorro con una pena propuesta de 5.400 euros.

Los trágicos hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2023. De acuerdo con el fiscal, la madre, en estado gestacional de 26 o 27 semanas, dio a luz dentro de un vehículo en compañía de su hermana y cuñado. A pesar de estar cerca de un hospital, la madre entregó el recién nacido al hombre para que lo desechara en un contenedor y se dieron a la fuga.

Durante la primera sesión del juicio, la representante del Ministerio Público argumentó que el bebé "nació con vida y llegó caliente al hospital" tras ser recuperado del contenedor. La fiscal enfatizó que "la bebé fue asesinada porque fue abandonada en el contenedor".

El abogado de la madre admitió que las acciones de su cliente fueron "una barbaridad", aunque subrayó que "ella no es una asesina". Por su parte, la letrada del tío mencionó que su cliente desconocía la situación de embarazo y que nunca imaginó que su cuñada había depositado un ser humano en el contenedor.

Finalmente, profesionales médicos que atendieron al neonato en el Hospital de Llevant afirmaron que la niña nació con vida, aunque las circunstancias del parto y el tiempo transcurrido antes de su llegada al hospital podrían haber influido en su estado al momento del rescate.