El pasado 6 de mayo, desde Madrid, se informa que el Gobierno ha decidido bloquear una propuesta del Partido Popular (PP) que buscaba destinar 1.200 millones de euros a las aerolíneas, específicamente para los vuelos subvencionados destinados a los residentes de las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

La propuesta del PP contenía una enmienda que introducía una nueva disposición en la Ley de Navegación Aérea, la cual quería asegurar un crédito extraordinario para cumplir con las obligaciones de subsidios a la aviación regular durante los años 2024 y 2025.

No obstante, el Ejecutivo ha optado por hacer uso de su derecho constitucional y ha decidido no permitir que la enmienda siga su curso, citando razones presupuestarias. Este bloqueo implica que no se podrá votar durante la sesión plenaria programada para este jueves. La postura del Gobierno fue registrada oficialmente el 25 de abril, tras las etapas de revisión y discusión en comisiones.

Aun así, el Congreso sí logró aprobar, en la fase de comisión y gracias a un acuerdo entre el PSOE y Coalición Canaria, una asignación de 319 millones de euros destinada a las subvenciones que reciben las aerolíneas por ofrecer descuentos a los residentes.

Este financiamiento busca saldar las deudas pendientes que tienen las compañías aéreas por las bonificaciones que se otorgan a los ciudadanos de las islas en el costo de los billetes. Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) han señalado que aunque esta cantidad de 319 millones podría ofrecer cierto alivio, no resolverá el problema de fondo, ya que las subvenciones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado continúan siendo insuficientes.

En concreto, los presupuestos prorrogados de 2023 asignan 560 millones de euros para las aerolíneas que cubren el 75% que no es pagado por los pasajeros residentes. Sin embargo, fuentes del sector aéreo estiman que se necesitarían alrededor de 1.500 millones para satisfacer completamente estas bonificaciones. En este momento, todavía hay 425 millones pendientes de pago de 2024, y no se ha abonado nada correspondiente a 2025, además de que los fondos destinados para el año actual han sido utilizados para cubrir los atrasos acumulados.