GOB Mallorca insta a Pedro Sánchez a impugnar ante el Tribunal Constitucional el polémico decreto de simplificación de Prohens.
En una contundente declaración, la organización ecologista GOB Mallorca ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a impugnar el polémico decreto de simplificación administrativa del Govern balear con el objetivo de lograr su suspensión.
La petición se materializará a través de una carta detallada que el GOB tiene previsto enviar en los próximos días a Sánchez, fundamentando el recurso de inconstitucionalidad en la vulneración de los principios fundamentales de igualdad, seguridad, no regresión y protección ambiental.
Los ecologistas han expresado su preocupación por el impacto que tendría la entrada en vigor de este decreto, aprobado por el Govern de la popular Marga Prohens, y que afecta a más de 50 normativas. Según el GOB, estas modificaciones podrían tener graves repercusiones en la protección de los recursos naturales y del suelo, sin justificación alguna más allá de evitar un debate social y político necesario.
En particular, el grupo ecologista ha señalado la eliminación de la Comisión de Medio Ambiente, la legalización de edificios en zonas rústicas, la creación de nuevos aparcamientos en playas saturadas, la modificación de la Ley de Reserva de Biosfera, y la supuesta "desarticulación" de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la misma organización sobre el Bienestar de las Generaciones presentes y futuras.
Además, el GOB ha informado que se presentará en todos los ayuntamientos como parte interesada en los expedientes de legalización de construcciones en zonas rústicas que puedan derivarse de este Decreto. El grupo ha criticado la falta de transparencia en estos procedimientos, realizados directamente en los ayuntamientos sin pasar por comisiones o informes de otros organismos, lo que según ellos abre la puerta a posibles fraudes y favorece a especuladores.
En este contexto, los ecologistas han expresado sus dudas sobre la legitimidad de las legalizaciones que puedan llevarse a cabo con esta "nueva amnistía", y han reiterado su compromiso de vigilar de cerca cada expediente. El GOB busca garantizar que se le notifique de todos los procedimientos, recordando que el Defensor del Pueblo ya ha respaldado su derecho a acceder a esta información crucial para el bienestar del territorio balear.