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Exsecretario de Escorca recibe año y medio de prisión por respaldar proyectos ilícitos.

Exsecretario de Escorca recibe año y medio de prisión por respaldar proyectos ilícitos.

PALMA, 14 Nov. - En un desarrollo judicial significativo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha dictado una sentencia de un año y medio de prisión para el exsecretario del Ayuntamiento de Escorca. Esta condena se debe a su implicación en la aprobación de dos proyectos urbanísticos considerados ilegales en la urbanización de Es Guix.

Un segundo acusado, un arquitecto municipal que también estaba bajo escrutinio por los mismos cargos, ha logrado salir absuelto tras la retirada de las acusaciones en su contra. Esta decisión se tomó antes de que el caso de prevaricación urbanística comenzara a ser escuchado en juicio el pasado viernes.

Las partes involucradas alcanzaron un acuerdo, lo que permitió al exsecretario reducir su pena original, que ascendía a tres años y medio, después de aceptar las acusaciones que se le formulaban. Además de la condena de prisión, deberá afrontar una multa económica como parte de su sentencia.

El arquitecto, por su parte, estaba expuesto a una pena de cuatro años de cárcel, pero al haber sido desestimadas las acusaciones, se ha visto liberado de cualquier culpabilidad legal.

Los eventos que llevaron a esta condena se remontan a octubre de 2016, cuando el exsecretario, ignorando por completo la normativa vigente, presentó un informe que avalaba la legalidad de dos proyectos urbanísticos problemáticos. Uno de ellos se refería a la renovación del sistema de iluminación pública en la urbanización de Es Guix, un proyecto inaplicable ya que los terrenos en cuestión están clasificados como Área Rural de Interés Paisajístico y Boscoso (ARIP-B).

El segundo proyecto involucraba la mejora de la carretera GR-222 Artà-Lluc, que buscaba transformar un tramo de 242 metros en terrenos también catalogados como ARIP-B a características de suelo urbano. Según el informe del arquitecto municipal, presentado en febrero de 2019, se afirmaba que ninguno de estos proyectos alteraba los parámetros urbanísticos existentes, un argumento que resultó clave en el desarrollo del caso.