La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha dictado una sentencia condenatoria contra Pere Barceló, un exrector de Can Picafort, por abusar sexualmente de una menor cuyo consentimiento nunca fue posible debido a su corta edad, que en el momento de los hechos, entre 2007 y 2008, oscilaba entre los seis y siete años. Esta sentencia se basa en la constatación de la "posición de superioridad" del acusado, un aspecto fundamental en la evaluación de la situación.

Barceló, que ya había sido condenado previamente a seis años de prisión en 2016 por otro caso de abuso, recuperó su libertad en agosto del año pasado. En esta nueva sentencia, ha recibido una pena de dos años y un día de cárcel y se le ha impuesto una orden de alejamiento de la víctima a una distancia de 500 metros, así como la prohibición de contacto durante un periodo de cinco años y medio.

Además, el tribunal ha determinado que el excurador debe indemnizar a la víctima con 15.000 euros y ha culpado a la Diócesis de Mallorca de ser responsable civil subsidiario, en caso de que Barceló sea incapaz de pagar. Las magistradas han subrayado que existe evidencia suficiente para cuestionar la presunción de inocencia del acusado, destacando la credibilidad de la declaración de la menor.

La sentencia resalta que los actos perpetrados por Barceló no dejan lugar a dudas sobre su naturaleza sexual, debido a que implicaban tocamientos inapropiados. Estos incidentes ocurrieron en un contexto educativo, durante una clase de catequesis, donde el acusado se aprovechó del diseño del espacio para ocultar sus acciones al resto del grupo.

El tribunal ha señalado que la menor era "especialmente vulnerable" no solo por su edad, sino también por las circunstancias en las que ocurrieron los abusos. Aunque se encontraron irregularidades en las acusaciones, el tribunal no logró comprobar que los tocamientos incluyeran actos más graves como penetración, lo que dejó la sentencia susceptible de apelaciones ante instancias superiores.

El juicio, que se realizó a finales de junio, puso de manifiesto las múltiples dimensiones de una situación profundamente dolorosa. Aunque la Fiscalía solicitaba una pena de diez años y una indemnización mayor, la sentencia final resultó más benigna debido a consideraciones de dilaciones indebidas en el proceso judicial.

Durante el proceso, la víctima relató experiencias alarmantes, describiendo momentos en que el acusado, mientras pasaba lista, aprovechaba la cercanía para realizar tocamientos indecentes. Por su parte, Barceló rechazó enérgicamente las acusaciones, minimizando la situación y tildando la versión de la víctima de "invento".

Barceló no es un caso aislado; en su historial figuran antecedentes de abuso sexual de otra víctima, una monaguilla a la que agredió en reiteradas ocasiones entre 1997 y 1998. Este patrón de conducta ha sido objeto de condena previa, y la Iglesia se ha visto obligada a intervenir, bloqueando su ministerio y llevando a cabo procesos internos que finalizaron en su expulsión del estado clerical.

Desde su suspensión cautelar en 2011, el caso ha resaltado la necesidad urgente de un cambio en la manera en que la Iglesia y la sociedad enfrentan los abusos y la protección de las víctimas. Indudablemente, este episodio pone de relieve aspectos críticos del sistema judicial y religioso en su tratamiento de los casos de abuso sexual, subrayando el camino hacia una verdad y justicia en favor de quienes han sufrido a manos de aquellos que debieron cuidarlos.