PALMA, 22 de noviembre. El próximo lunes y martes, a las 10:00 horas, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma llevará a cabo el juicio contra Caterina Mas, exalcaldesa de Petra por MÉS per Mallorca, quien se enfrenta a acusaciones de favorecer a su esposo durante su mandato en el Ayuntamiento.

La Fiscalía, sin embargo, ha solicitado la absolución de Mas, argumentando que las evidencias presentadas no constituyen un delito, mientras que el Ayuntamiento de Petra, bajo la dirección del actual alcalde Salvador Femenías (El PI), ha decidido insistir en la acusación, pidiendo una condena que incluye cuatro años y medio de prisión, 31 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de 103.000 euros y una indemnización de 50.000 euros.

Este juicio se programó más de un año después de una vista preliminar en la que las partes no lograron llegar a un acuerdo. La denuncia original se atribuye a Martí Sansaloni, el sucesor de Mas en el Ayuntamiento, quien, junto con el actual gobierno, ha decidido continuar con el proceso judicial.

Según la acusación, se alega que Mas dejó intencionadamente expirar una sanción de 58.000 euros impuesta a su marido por un incidente de infracción urbanística durante su gestión como alcaldesa entre 2010 y 2015.

Por su parte, la fiscal ha subrayado que no se ha demostrado que en 2004, cuando Mas ocupaba el cargo de regidora de Cultura, hubiera influencia alguna en la denuncia relacionada con una construcción no autorizada, propiedad de su esposo, frente a una ferretería. No se ha podido establecer que ella fuera responsable de la tramitación del expediente o que participara en la evaluación de la obra o en la gestión de plazos de pago, así como tampoco en la conservación de documentos que podrían haber llevado a la prescripción del caso.

La abogada de Mas, Laura Vallés, argumenta que esta denuncia es un uso político de la justicia, poniendo en duda la imparcialidad del proceso en el que se encuentra inmersa su clienta.

Cabe recordar que Caterina Mas renunció a su puesto en el Consell de Mallorca en 2020 tras ser procesada por este asunto, un hecho que ha marcado su carrera política y ha suscitado un intenso debate en la comunidad local.