En un evento celebrado en Madrid, Gabriel Escarrer, presidente de Exceltur y líder de Meliá Hotels International, ha manifestado su descontento hacia las decisiones de algunos gobiernos autonómicos que han implementado tasas turísticas para controlar el exceso de turismo. Según Escarrer, estas políticas son percibidas como un intento de imponer limitaciones que podrían afectar la competitividad del sector, un tema que genera gran inquietud entre los representantes de la industria turística.

Durante su intervención en la jornada SolyTUR, organizada por Exceltur, Escarrer abogó por la necesidad de erradicar el denominado "turismo de borrachera", afirmando que este tipo de actividades carece de valor y no contribuye al bienestar del sector. Asimismo, subrayó la importancia de combatir las prácticas ilegales que afectan a la industria del turismo.

El líder de Meliá hizo hincapié en los problemas derivados del alquiler vacacional no regulado, las polémicas 'party boats', las fiestas privadas en destinos emblemáticos como Ibiza y Mallorca, así como la existencia de "pseudoguías" que operan al margen de la legalidad. A su juicio, es vital establecer un marco normativo claro que garantice un turismo responsable y sostenible.

Escarrer también destacó la importancia de que los destinos turísticos españoles implementen estrategias adecuadas para promocionar sus atractivos durante las temporada baja. En su visión, es esencial atraer segmentos de valor, como el turismo cultural o gastronómico, para asegurar que el sector mantenga su funcionamiento durante todo el año.

Finalmente, el presidente de Exceltur expresó su decepción por la falta de oportunidades relacionadas con los fondos europeos, sugiriendo la creación de un Perte (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) orientado al desarrollo de las zonas costeras y municipios con alta demanda turística. A lo largo de su discurso, también advirtió sobre varios desafíos que enfrentan estos municipios, incluyendo el incremento de la población, la dificultad para acceder a la vivienda debido a la conversión de propiedades en alojamientos turísticos, la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación y la presión que sufren las infraestructuras ante una oferta que supera la demanda.