PALMA, 19 de noviembre. En un significativo paso hacia la justicia territorial, el Tribunal Constitucional ha decidido aceptar el recurso presentado por diversas agrupaciones de izquierda y organizaciones sociales de Baleares, en contra del decreto que establece medidas urgentes para la obtención de suelo a través de proyectos residenciales estratégicos.

La alta corte ha informado al Govern sobre su decisión y le ha otorgado un plazo de 15 días para que se una al proceso y presente sus argumentaciones pertinentes.

Es importante recordar que, a mediados del pasado mes, un conglomerado de partidos progresistas y colectivos sociales del archipiélago formularon este recurso ante el tribunal, advirtiendo que la normativa vigente representa un riesgo inminente para el territorio y vulnera los planes urbanísticos municipales establecidos.

El recurso cuenta con la firma de representantes del PSOE, Sumar MÉS y Podemos en el Congreso, a solicitud de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, y también incluye el respaldo de diversas entidades como el GOB, CCOO, Fòrum de la Societat Civil y la Obra Cultural Balear (OCB).

El decreto en cuestión facilita, entre otras cosas, la construcción de viviendas en terrenos rústicos "sin servicios básicos previa provisión" en localidades con más de 20,000 habitantes, así como en áreas urbanas y urbanizables en municipios mayores de 10,000.

Sus defensores argumentan que estas medidas podrían alterar drásticamente las condiciones fijadas por los planes urbanos actuales, aumentando la densidad residencial y potencialmente permitiendo una mayor edificabilidad que la estipulada.

Al respecto, los denunciantes de esta normativa resaltan que ignorar elementos fundamentales como el estacionamiento y la provisión de servicios esenciales podría llevar a un déficit en planificación urbana adecuado.

El recurso también tiene como objetivo frenar la implementación de esta legislación, que consideran favorece una "desregulación" del orden urbano, amnistías a infractores y un impulso a la especulación inmobiliaria.

Entre sus principales críticas, los impugnadores subrayan que la ley propicia una "desigualdad jurídica" al otorgar derechos a través del "silencio administrativo", algo que, según ellos, contraviene normativas nacionales.

Además, plantean inquietudes relacionadas con la expansión en terrenos rústicos sin agotar las opciones de suelos urbanizables, lo cual choca con la sostenibilidad ambiental consagrada en la Constitución y podría inducir a una especulación peligrosa del suelo.

Los firmantes del recurso argumentan que la legislación actual "vulnera" el principio de seguridad jurídica y "perturba" la jerarquía normativa al utilizar decretos y excepciones para modificar de manera abrupta los planes urbanísticos y la utilización de tierra rústica.

Asimismo, advierten sobre el impacto negativo que esta normativa podría tener en la autonomía municipal e insular, ya que "impone" mecanismos que reducen la capacidad de los municipios y Consells, favoreciendo decisiones de intervención externas a nivel autonómico.