PALMA, 15 de julio. El grupo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Ayuntamiento de Palma ha dado a conocer este martes su intención de presentar una moción en el pleno de julio, con el objetivo de frenar el desarrollo de las áreas de transición que, tras un reciente acuerdo entre el Partido Popular (PP) y Vox, han sido calificadas como urbanizables.
El portavoz del PSOE en Cort, Xisco Ducrós, ha manifestado su descontento y ha declarado que “esta ley destrozará la ciudad”. Critica el cambio legislativo por considerar que convierte terrenos rústicos en urbanizables sin ponderar sus consecuencias, beneficiando únicamente a promotores inmobiliarios.
Desde el partido, se ha informado que la moción también solicitará que se publique la agenda de reuniones del alcalde Jaime Martínez y del concejal de Urbanismo. Esto permitirá esclarecer qué promotores y propietarios han estado involucrados en las deliberaciones sobre el desarrollo urbano.
Ducrós ha expresado su preocupación respecto al impacto de esta ley, advirtiendo que fomentará un crecimiento descontrolado sin garantizar servicios públicos adecuados, lo que resultará en la creación de barreras edificadas en torno a los barrios de la ciudad sin un refuerzo necesario en la infraestructura social.
Según estimaciones del PSO, esta normativa podría llevar a desarrollar hasta 403 hectáreas en 15 barrios, incrementando la población de estos lugares de 60.000 a 150.000 personas, lo que representaría un alarmante aumento del 153 por ciento. “La propuesta de densidad es inaceptable”, ha enfatizado.
El portavoz socialista ha señalado que la visión del PP y Vox transforman Palma en un mero escenario de negocio, donde el interés de unos pocos prevalece sobre los derechos de la ciudadanía y la salud del territorio. Como ejemplo, mencionó una oferta de 12 millones por tres hectáreas en Son Sardina, realizada apenas un mes antes de la aprobación de la ley.
Ducrós ha recordado que la ciudad enfrenta una crisis de vivienda, con necesidad urgente de soluciones efectivas. Se ha lamentado de que Palma se haya convertido en el lugar más costoso para residir en España; citó datos que indican que el alquiler aumentó un 10 por ciento en 2024 y un significativo 11 por ciento más en el primer trimestre de 2025.
Entre las soluciones que los socialistas proponen se encuentra la implementación de la Ley de Vivienda estatal que limita los precios, así como el desarrollo del antiguo Plan General, que contemplaba la construcción de 20.000 viviendas, de las cuales la mitad serían de protección pública y acompañadas de necesarios servicios como parques, escuelas y centros de salud.
Por su parte, el concejal socialista Pepe Martínez detalló los criterios técnicos utilizados para evaluar el efecto de la nueva normativa. Señaló que las áreas de transición deben estar adyacentes a zonas urbanas, tener un mínimo de 100 metros de ancho y no ubicarse en áreas propensas a inundaciones. “Con estas consideraciones, los barrios podrían ver duplicada, triplicada o incluso cuadruplicada su población”, advirtió.
Martínez también exigió al equipo de gobierno que proporcione una comunicación clara a la ciudadanía sobre estas decisiones. “Existen solo tres opciones, todas problemáticas: o bien han legislado sin considerar a quién afecta, o están al tanto pero no lo han comunicado a Palma, o saben la verdad y optan por ocultársela a la población”, finalizó con tono crítico.
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