24h Baleares.

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El PSIB mantiene su oposición a eliminar la Oficina Anticorrupción argumentando que sería un grave retroceso de 15 años.

El PSIB mantiene su oposición a eliminar la Oficina Anticorrupción argumentando que sería un grave retroceso de 15 años.

Representantes del PSIB en los Consells de Mallorca, Menorca e Ibiza han manifestado su desacuerdo este martes en el Parlament ante la proposición de ley de transparencia y control de los cargos públicos de Baleares que contempla la eliminación de la Oficina Anticorrupción. Según los socialistas, esto supone un retroceso de 15 años en la lucha contra la corrupción en las Islas.

Los representantes socialistas de los distintos Consells expresaron su posición durante la Comisión General de los Consells Insulares, donde se debatió la mencionada propuesta de ley. Catalina Cladera, portavoz socialista en el Consell de Mallorca, reprochó que "queda claro que el PP no quiere controlar la corrupción" y afirmó que el cierre de la Oficina Anticorrupción implicará la desaparición del canal externo para realizar denuncias anónimas.

Por su parte, los consellers socialistas de Menorca e Ibiza, Susana Mora y Josep Marí, criticaron que Baleares siga siendo "una comunidad autónoma manchada por la corrupción y que ahora retrocede 15 años". Además, Mora pidió al PP que "reflexione" y calificó esta situación como una "vergüenza" para las Islas.

Asimismo, el conseller de Gent x Formentera, Rafael González, también coincidió con los socialistas al considerar que "sería mejor que la tarea anticorrupción siguiera siendo llevada a cabo por un organismo independiente" como la Oficina Anticorrupción. Además, añadió que no se justifica que el registro propuesto por la futura ley sea más eficiente.

El pleno del Parlament del pasado 28 de noviembre aprobó tomar en consideración esta proposición de ley del PP, que incluye la eliminación de la Oficina para la Prevención y Lucha contra la Corrupción. La propuesta del PP establece la creación del Registro de intereses y actividades como unidad dependiente del Parlament, así como el Registro de patrimonio de los miembros del Govern y de los cargos públicos de la comunidad autónoma. También establece la obligatoriedad de que todos los cargos sigan presentando sus declaraciones de bienes, renta e incompatibilidades, y garantiza el acceso de la Policía, Fiscalía y los órganos judiciales a dichas declaraciones.