En Palma, a 9 de enero, el debate político en el Consell de Mallorca ha cobrado un nuevo impulso después de que los Socialistas exigieran transparencia total respecto al viaje del vicepresidente y consellers insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, quien asistió a un partido del RCD Mallorca en Arabia Saudita. Esta solicitud se enmarca en la creciente preocupación sobre el uso de los recursos públicos y la responsabilidad de los representantes políticos.

La crítica se intensificó cuando, en una nota de prensa, los socialistas señalaron con descontento la falta de presencia de Bestard durante el pleno celebrado este jueves. En este encuentro, la consellera insular Pilar Amate defendió las propuestas referentes a sus áreas. La ausencia del conseller ha llevado a cuestionamientos sobre la legitimidad de su participación en actividades deportivas en el extranjero en lugar de cumplir con sus deberes en la institución.

Catalina Cladera, portavoz del PSIB en el Consell, no dudó en preguntar cómo podría justificarse que asistir a un evento deportivo superior a su responsabilidad en un pleno. Además, exigió detalles sobre los gastos que han generado tanto el viaje de Bestard como el del director insular de Deportes, Antoni Prats. Este tipo de demandas subraya la exigencia de mayor responsabilidad y rendición de cuentas por parte de quienes ocupan cargos públicos.

Durante el pleno, los socialistas también denunciaron la postura del Partido Popular, acusándolos de oponerse a la regeneración democrática y de no reconocer el crucial rol de las personas migrantes en la economía mallorquina. Cladera destacó que el PP ha eludido abordar problemáticas significativas, como la atención a personas mayores en el Pla de Mallorca, quienes han quedado sin servicio domiciliario desde noviembre pasado.

El PP no se mostró favorable a una moción presentada por los socialistas que buscaba introducir reformas en el reglamento orgánico del Consell. El objetivo de estas reformas era mejorar el control de los plenos y prohibir mensajes de odio o descalificaciones hacia cualquier miembro, institución o colectivo. La negativa del PP a la moción ha encendido el debate sobre la necesidad de establecer un entorno más respetuoso y constructivo en la política local.

Juana M. Adrover, consellera insular del PSIB, insistió en que su propuesta era una defensa de los principios democráticos y no una cuestión ideológica. Subrayó que un rechazo a la moción equivaldría a aceptar la crispación y el abuso de poder, lo que pone en jaque los valores democráticos fundamentales.

Además, se trató durante el pleno una moción destinada a resaltar el valor de los migrantes en Mallorca, enfatizando su contribución a la economía social. Javier de Juan, miembro del PSIB, argumentó que los migrantes son vitales para una comunidad más justa y próspera, señalando la necesidad de humanizar sus historias y reconocer los beneficios que aportan a la sociedad. Esta perspectiva busca promover una integración inclusiva que reconozca la diversidad como un activo.

De Juan también hizo hincapié en la postura de la extrema derecha, que según sus palabras, desdibuja la separación entre migrantes legales e ilegales, enfocándose en la diferencia entre ricos y pobres. Esta declaración resuena con la situación actual, en la que algunos políticos se encuentran más apegados a intereses materiales que a los derechos humanos.

En relación a la moción sobre el servicio SAID en el Pla de Mallorca, la consellera socialista Sofía Alonso reclamó una "apuesta clara" para asegurar que todos los ciudadanos en la isla disfruten de los mismos derechos, independientemente de su lugar de residencia. Este llamado a la equidad destaca la exigencia de políticas inclusivas que atiendan las necesidades de cada ciudadano.

Finalmente, Alonso criticó la ausencia de acciones concretas detrás de los anuncios del gobierno sobre el incremento del presupuesto destinado a la política social, aseverando que en la práctica no se están canalizando los recursos necesarios para atender eficazmente a la población. Esta falta de acción genera dudas sobre el compromiso real de los responsables políticos con el bienestar social y la justicia en Mallorca.