PALMA, 4 de junio.

El Parlament de las Islas Baleares no intervendrá en el proceso que ha sido abierto por el Tribunal Constitucional (TC), en relación con el recurso de amparo que han presentado las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa. Este recurso fue admitido a trámite tras la polémica expulsión de ambas del pleno del 18 de junio de 2024, ordenada por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

La decisión se tomó este miércoles durante una reunión de la Mesa del Parlament, donde se llevó a cabo una votación en la que tanto Garrido como Costa, que ocupan los puestos de vicepresidenta segunda y secretaria segunda respectivamente, optaron por la abstención.

En declaraciones posteriores a la reunión, Pilar Costa explicó que los otros tres integrantes de la Mesa, incluyendo a Le Senne y dos diputados del Partido Popular, decidieron oponerse a que el Parlament actúe en defensa de sus intereses en el Tribunal Constitucional.

De esta forma, la Cámara no respaldará a su presidente en este proceso. Si no se producen cambios, esta decisión será comunicada al TC el próximo viernes, y será Le Senne quien deberá evaluar si se presenta como afectado particular en la cuestión.

Además, este miércoles se acordó que la Mesa del Parlament enviará al Alto Tribunal una copia completa del pleno del 18 de junio de 2024, así como las actas de las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces que se celebraron el 10 y el 17 de julio de 2024, respectivamente, cumpliendo con lo que el TC había solicitado en una providencia emitida el 29 de mayo.

El Tribunal Constitucional, al admitir el recurso de amparo, subrayó que el caso posee una "especial trascendencia constitucional" debido a la afectación de derechos fundamentales sin clara doctrina previa, además de las potenciales repercusiones políticas que el asunto podría acarrear.

Es pertinente recordar que en agosto del año pasado, las diputadas socialistas Garrido y Costa interpusieron un recurso ante el TC tras ser expulsadas del pleno. Este incidente se produjo en medio de una controversia relacionada con la manipulación de imágenes de Aurora Picornell que Le Senne retiró de los ordenadores de las diputadas, lo que llevaron a las representantes a argumentar que sus derechos a la libertad de expresión y a participar activamente en los asuntos públicos fueron vulnerados, considerando que su expulsión careció de justificación legal.