PALMA, 28 de octubre. El Parlament de las Islas Baleares ha tomado una postura firme al exigir la renuncia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en respuesta a las fallas en el sistema de pulseras antimaltrato que busca proteger a las víctimas de violencia de género. La inquietud por la pérdida de datos críticos en las órdenes de alejamiento impulsó esta medida, donde las responsabilidades políticas y administrativas están en el centro del debate.

En la sesión del pleno, la diputada del PP, Maria de Lluc Fornás, defendió una proposición no de ley que recibió respaldo mayoritario de su partido y de Vox, mientras que las bancadas de la izquierda se opusieron. La obligación de esclarecer el impacto de los incidentes en la operatividad del sistema VioGén fue uno de los aspectos destacados, así como la necesidad de detallar cuántas órdenes de alejamiento en Baleares se vieron comprometidas.

El Parlament también hizo un llamado al Ministerio de Igualdad para que se tomen medidas inmediatas, tales como la recuperación de datos perdidos o el establecimiento de alternativas para asegurar la eficacia y la seguridad de las pulseras. Como complemento a estas exigencias, el apoyo del PP y parte de la izquierda propició una solicitud al Ministerio de Justicia para la creación de un juzgado específico para la atención a casos de violencia de género en Menorca.

Fornás subrayó que cada error en el sistema ha dejado a mujeres vulnerables sin la protección adecuada, enfatizando que “cuando el Estado falla, el silencio puede ser mortal”. La diputada criticó el “vergonzoso silencio” del Ministerio de Igualdad, sugiriendo que la incompetencia de su gestión es la raíz del problema y responsabilizando directamente a Redondo.

Por otro lado, Manuela Cañadas, portavoz de Vox, indicó que su apoyo a la proposición no se deriva de un respaldo al sistema VioGén, sino de la búsqueda de transparencia en torno a los fallos que han tenido lugar. Aunque coincidió en la exigencia de dimisión de la ministra, se opuso a la creación de un nuevo juzgado de violencia de género en Menorca.

Irantu Fernández, diputada del grupo socialista, criticó al PP por encauzar esta iniciativa bajo instrucciones de su dirección nacional, sugiriendo que su interés en el sistema VioGén es meramente instrumental. Fernández instó a los ‘populares’ a ser igualmente transparentes en otros programas, como los relativos a la detección de cáncer de mama.

Marta Carrió, diputada de MÉS per Mallorca, también se pronunció contra Fornás, acusándola de aprovechar un “error garrafal” del gobierno para generar ruido político. Carrió propuso que el contrato de las pulseras antimaltrato se incorpore como un servicio público, argumentando que la protección de las mujeres debe ser considerada una prioridad estatal.

La ecosoberanista instó al Ministerio de Igualdad a reflexionar sobre la eficacia de los mecanismos tecnológicos que se emplean para la protección de mujeres, sugiriendo que estos a menudo no cumplen su función adecuadamente.