La proposta de gravar los vehículos turísticos ha sido desestimada en una reciente votación del Parlament, donde se resaltaron otras iniciativas relacionadas con la movilidad en Mallorca.

En una sesión plenaria celebrada el martes, los representantes han instado al Consell de Mallorca a que impulse una ley que limite la entrada de vehículos a la isla en un plazo no mayor a seis meses. Este avance se genera a partir de una moción promovida por el diputado del PSOE, Ares Fernández, que abarcó múltiples aspectos de la movilidad y obtuvo un apoyo amplio en la Cámara autonómica.

La ley que busca regular el acceso vehicular a Mallorca fue discutida justo un día después de que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, informara sobre su intención de presentar un borrador que se compartirá con los distintos partidos antes de iniciar su tramitación.

Con una votación de 49 a favor, 5 en contra (Vox) y una abstención, los diputados han solicitado que Galmés avance con este proyecto legislativo, que deberá pasar por el Parlament y cuya aprobación se aguarda en un máximo de seis meses.

A su vez, el Parlament ha instado al Govern a implementar de manera prioritaria varias medidas del Plan Director de Movilidad que prometen un impacto inmediato. Entre ellas se incluyen el aumento de las conexiones ferroviarias y un reforzamiento del servicio interurbano, así como la inversión en infraestructuras previamente planificadas.

También se han aprobado otras iniciativas que contemplan la publicación regular de datos sobre la ocupación de los autobuses del TIB, la necesidad de incrementar las plantillas del SFM mediante nuevas oposiciones y continuar con la transición energética en la flota de autobuses del TIB.

Asimismo, el Parlament ha respaldado la ampliación del servicio y la frecuencia de los autobuses del TIB y los trenes del SFM durante la noche, además de facilitar el aumento del personal en el metro de Palma para mejorar su funcionamiento los fines de semana.

Sin embargo, no prosperaron las propuestas que denunciaban el "colapso" en las carreteras de Mallorca y la "saturación" del transporte público. Las sugerencias para reforzar líneas de TIB con mayor demanda y ampliar el personal en el transporte público fueron rechazadas.

Igualmente, quedaron sin apoyo aquellas iniciativas que proponían revivir el proyecto del tranvía en Palma y que subrayaban la efectividad de la gratuidad del transporte público como motor para la movilidad sostenible, así como las críticas hacia el Govern por su falta de compromiso con estas políticas.

Finalmente, ha sido desestimada la posibilidad de instar al Ejecutivo a aceptar las recomendaciones de un estudio sobre la carga viaria realizado por el Consell y a presentar en un plazo de seis meses un proyecto de ley para gravar a los vehículos turísticos.