El Parlament avanza en la aprobación de la ley que prohíbe a acosadores ser docentes.

PALMA, 24 de marzo. El Parlament ha dado un importante paso al aprobar la consideración de una propuesta de ley impulsada por el Partido Popular (PP) que busca restringir el acceso a profesiones que impliquen interacción con menores a aquellos condenados por acoso o maltrato a la infancia.

La propuesta ha recibido el respaldo unánime de 50 votos a favor, aunque Vox optó por abstenerse en esta ocasión. Este apoyo refleja una amplia preocupación por la seguridad infantíl de todos los grupos parlamentarios.

La iniciativa pretende reformar la ley 8/2021, conocida como Lopivi, que aboga por la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Si obtiene la validación final en el Parlament balear, será enviada al Congreso para su consideración definitiva.

El foco de la reforma es ampliar las causas que llevan a la inhabilitación automática para ejercer profesiones con contacto frecuente con menores, incluyendo además de los delitos sexuales y de trata, los de acoso, maltrato y delitos de odio.

Marga Durán, diputada del PP, destacó la importancia de proporcionar un entorno seguro para los niños y sus familias. Esta propuesta, según Durán, no responde a un solo caso específico, sino a una necesidad colectiva de proteger a los menores.

Esta iniciativa llega tras la controversia generada por la reincorporación de un profesor condenado en Son Sardina, lo que generó protestas entre los padres de los alumnos. La diputada afirmó que la ley busca abordar estos casos de manera efectiva y con responsabilidad.

La propuesta del PP también crítica la situación actual, que según señalan, deja a la Conselleria de Educación y a los centros educativos sin herramientas adecuadas para actuar con firmeza en situaciones que afectan a la seguridad de los menores.

Durán hizo un llamado a la unidad de todos los grupos en esta causa, con el objetivo de transmitir un mensaje claro: el bienestar de los menores debe ser una prioridad que trascienda diferencias políticas.

Desde el PSIB, Amanda Fernández coincidió en que hay un vacío que necesita ser abordado para proteger a la infancia. Sin embargo, expresó sus dudas sobre la motivación detrás de la propuesta del PP, sugiriendo que podría ser más una cuestión de imagen que de efectividad.

El grupo MÉS per Mallorca también se mostró a favor de esta enmienda legislativa. Para la diputada Maria Ramon, es esencial incluir delitos como los de odio para garantizar la seguridad de los menores en el ámbito profesional.

Joana Gomila, de Menorca, también respaldó la iniciativa, resaltando su potencial para fortalecer la protección infantil y prevenir situaciones de abuso. Además, expresó su esperanza de que esta propuesta obtenga el apoyo necesario en el Congreso.

Igualmente, José María García, diputado de Unidas Podemos, reafirmó la necesidad de ofrecer una protección especial a los menores en la sociedad, subrayando que la seguridad infantil es un tema de vital importancia.

Por otro lado, Vox fue el único grupo que se abstuvo en la votación inicial, argumentando que la propuesta debería abordar de manera integral todos los delitos relevantes, incluyendo aquellos asociados al terrorismo, en lugar de tomar un enfoque parcial.