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El Juzgado de Palma traslada caso Ureña a la Fiscalía Europea ante denuncia del PSIB

El Juzgado de Palma traslada caso Ureña a la Fiscalía Europea ante denuncia del PSIB

En una decisión tomada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, se ha determinado que la Fiscalía Europea será la encargada de investigar la denuncia presentada por el PSIB contra el director general del IbSalut, Javier Ureña. Los socialistas acusan a Ureña de permitir que caduque la reclamación de la empresa del caso Koldo.

El juez Antonio Garcias considera en un auto obtenido por Europa Press que la competencia para investigar este asunto recae en la Fiscalía Europea, que ya está investigando un hecho relacionado, la adquisición de las mascarillas.

El Juzgado de Palma inició diligencias después de recibir la denuncia del PSIB, sin embargo, no tomó medidas de investigación y notificó a la Fiscalía Europea, que solicitó tomar el caso.

La denuncia acusa a Ureña de permitir deliberadamente que caduque la reclamación del IbSalut a la empresa por la calidad de las mascarillas entregadas. Los socialistas creen que esto benefició a la empresa y sus participantes, considerando la segunda reclamación como una "cortina de humo" una vez que la investigación salió a la luz.

Además de Ureña, la denuncia también se dirige hacia la empresa investigada en el caso Koldo, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y su administrador, Íñigo Rotaeche.

Según el equipo actual del IbSalut, el plazo para responder a la reclamación era de ocho meses según la normativa, y no de tres meses como se había mencionado inicialmente. A pesar de esto, la administración no respondió a las alegaciones presentadas por la empresa en noviembre.

En febrero, el caso obtuvo notoriedad con la detención del ex asesor de José Luis Ábalos, y en marzo el IbSalut abandonó la primera reclamación al considerarla inviable, iniciando un nuevo proceso para declarar nulo el contrato y reclamar el total del importe, 3,7 millones de euros.

En una comparecencia en el Parlament, Ureña defendió que no era creíble que el Govern del PP acordara dejar caducar la reclamación por presiones externas. La Audiencia Nacional ha permitido ahora al Govern personarse como parte perjudicada en el caso Koldo, tras la aportación de la descertificación de los fondos europeos que financiaron el contrato con la empresa investigada.