PALMA, 27 de noviembre. El juicio contra un grupo de 42 individuos acusados de operar una organización narcotraficante en Mallorca ha sido programado para el 8 de marzo de 2027. El anuncio se produce tras una vista preliminar que tuvo lugar este jueves, donde las partes involucradas no lograron llegar a un acuerdo satisfactorio.

La Fiscalía ha solicitado penas acumulativas que alcanzan un total de 244 años de prisión, junto con multas que ascienden a 16,21 millones de euros. Las acusaciones incluyen delitos contra la salud pública, pertenencia a agrupaciones criminales y tenencia ilegal de armas.

A pesar de que algunos acusados expresaron su interés en llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, el hecho de que no se lograra un consenso general ha llevado a que el juicio siga adelante sin esos arreglos.

Según los argumentos presentados por el fiscal, las actividades del grupo se han estado desarrollando desde febrero de 2018, hasta que su desarticulación se produjo en 2020 por parte de las autoridades investigadoras.

Los presuntos miembros de la organización se dedicaban principalmente a la venta de drogas como cocaína, marihuana y hachís, alternativamente formando grupos interconectados para mejorar la distribución y aumentar su red de clientes.

En la cima de esta estructura se encontraba un individuo conocido como 'Alejo', quien alternaba su residencia entre Mallorca y Barcelona. Su rol consistía en abastecer a la banda con drogas, gestionar los ingresos y facilitar logísticas de transporte.

Entre los acusados también figura un operador responsable de la importación de sustancias desde Colombia a través de una empresa de aguacates que poseía, así como otro que se encargaba de mantener el sitio de encuentro utilizado por los narcotraficantes.

Asimismo, se han identificado a personas implicadas en el suministro de vehículos modificados, utilizados para trasladar la droga hasta Mallorca, mientras que otros miembros asumían la venta final en la cadena comercial.

El grupo también incluye a acusados de menor rango, considerados como suministradores de segundo nivel o vendedores al por menor, quienes jugaron un papel vital en la operación de la red criminal.

Los investigadores llevaron a cabo múltiples operaciones en diversas localidades, incluyendo Palma, Lloseta, Marratxí, Llucmajor, así como en ciudades como Barcelona, Girona, Madrid, Valencia y Castellón, donde se lograron intervenir diversas cantidades de estupefacientes, armas, dinero en efectivo y otros objetos utilizados para el delito.