El Ejecutivo y los sindicatos protagonistas del ámbito laboral en las Islas Baleares han acordado reunirse nuevamente la próxima semana con el objetivo de llegar a un consenso sobre las indemnizaciones por residencia de los empleados públicos.

Según se ha informado, el Govern se compromete a saldar este año la mayor parte de la deuda acumulada con los funcionarios que se vieron afectados por las congelaciones salariales durante los años 2020 y 2021. Este esfuerzo financiero implica un alivio considerable de aproximadamente 115 millones de euros, una cifra que representa la ejecución de la sentencia favorable obtenida por el sindicato STEI.

Aunque este pago es un paso significativo, no abarca a la totalidad del personal público. Se estima que alrededor de 38 millones de euros adicionales deberán ser desembolsados, pero estos pagos comenzarán a canalizarse a partir de 2026, dejando a muchos empleados en la espera de sus derechos económicos.

Además, se prevé que el costo total, incluyendo intereses que se acumularán, supere los 170 millones de euros. Las compensaciones que recibirán los empleados, variarán según su categoría y responsabilidad, con montos que fluctuarán entre 1.194 euros y 2.159 euros, un detalle que refleja la diversidad en la estructura salarial del sector público balear.

Este encuentro surgió de una reciente reunión entre el director general de Función Pública, Antoni Mesquida, y representantes de los distintos sindicatos, como STEI, Simebal, CSIF, CCOO y UGT. La reunión ha finalizado con un acuerdo preliminar para retomar las negociaciones la próxima semana, aunque todavía no se ha fijado una fecha concreta. El foco de discusión estará centrado en los acuerdos sobre las indemnizaciones por residencia y la necesaria equiparación con Canarias, un aspecto que ha generado tensiones y dificultades en el proceso de negociación.

El principal punto de discordia radica en la propuesta del Govern referente a los complementos de residencia. Se han planteado montos de 205 euros para Mallorca, 410 euros para Menorca e Ibiza, y 615 euros para Formentera, pero estos incrementos comenzarán a implementarse a partir de 2028, lo que ha suscitado preocupaciones entre los sindicatos y los empleados afectados.