El Gobierno de las Islas Baleares ha intensificado su estrategia en la lucha contra los chárteres náuticos ilegales, logrando en 2025 un récord histórico en la imposición de sanciones. Esta acción se enmarca dentro del esfuerzo continuo por velar por la seguridad en el mar y la protección de los ecosistemas marinos, según ha declarado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

De acuerdo a un comunicado reciente, hasta mediados de diciembre de 2025 se han tramitado un total de 162 expedientes sancionadores por irregularidades en el alquiler de embarcaciones recreativas en el archipiélago balear, junto con otros dos relacionados con la normativa de transporte marítimo. Este esfuerzo refleja el compromiso del gobierno regional en mantener un ambiente seguro para la navegación recreativa y asegurar que las actividades en el mar se realicen de acuerdo a la ley.

En términos de severidad, de los 162 expedientes, 95 han sido clasificados como infracciones leves, 63 como graves y cuatro como muy graves. De todos ellos, 114 ya han sido resueltos, mientras que 48 continúan activos en diversas etapas de evaluación y tramitación.

La mayoría de las acciones tomadas (116 expedientes) se han originado a partir de denuncias presentadas por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, lo que demuestra la colaboración interinstitucional en el control de estas prácticas. Los otros 46 expedientes se han derivado de inspecciones directas llevadas a cabo por los técnicos de la Dirección General, abarcando tanto la revisión documental como la evaluación en el lugar.

Además, hay 56 informes y denuncias listas para ser activadas, lo que refleja una composición exhaustiva del trabajo realizado. Las sanciones previstas por la apertura de estos expedientes suman un total de 471.600,01 euros, una cifra que subraya la magnitud del problema que enfrenta el sector náutico irregular.

Estos datos no sólo evidencian un aumento en la detección de irregularidades en los últimos años, sino que también reafirman la determinación del Gobierno balear en su misión de frenar las actividades que ponen en riesgo tanto la seguridad marítima como la salud del medio ambiente. Con cada acción, se busca no solo sancionar, sino también prevenir la recurrencia de estas prácticas ilegales.

En un esfuerzo complementario, Ports de les Illes Balears ha puesto en marcha un nuevo servicio de vigilancia y control del litoral, diseñado para mejorar la seguridad y la regulación de las actividades costeras, prestando especial atención a la navegación recreativa. Este nuevo enfoque promete una vigilancia más efectiva mediante una flota de patrullas y un sistema de coordinación que permite una mejor respuesta a las infracciones, especialmente durante los meses de mayor afluencia de turistas y deportistas náuticos.