En un importante avance hacia la protección de los derechos de la infancia migrante, el Gobierno español ha publicado un nuevo real decreto que establece la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida para los menores no acompañados. Esta cuestión se traduce en una cifra de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes en el territorio nacional.

La decisión fue tomada por el Consejo de Ministros en su última sesión, donde se aprobó la normativa que regula el sistema de protección de estos niños y adolescentes, promoviendo así una respuesta más efectiva ante las complejidades de la migración.

El decreto establece que aquellas comunidades que superen por tres veces su capacidad ordinaria serán consideradas en estado de "contingencia migratoria extraordinaria", lo que permitirá activar el protocolo para realizar traslados necesarios y asegurar una mejor atención a los menores afectados.

Este avance legal responde a la ley orgánica 4/2000, que asegura derechos y libertades de los extranjeros, y que ha sido recientemente complementada con la aprobación del Real Decreto-ley 2/2025. Este decreto contempla medidas urgentes para proteger los derechos de la infancia en situaciones de crisis migratorias extraordinarias.

En términos de capacidad de acogida, Andalucía, Cataluña y Madrid lideran el ranking con 2.827, 2.650 y 2.325 plazas, respectivamente, mientras que otras comunidades como Aragón y Galicia también han asignado recursos significativos para este fin.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha subrayado la importancia de esta medida, destacando la responsabilidad que tiene el país de ofrecer una acogida digna y humanitaria a los niños y niñas que llegan solos, buscando un futuro mejor.

En la misma línea, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha calificado la aprobación como un "cambio crucial" en el proceso de acogida, enfatizando que se está creando un marco sólido para garantizar un refugio digno y solidario para los menores no acompañados que llegan a España.

Rego también añadió que este nuevo enfoque impulsará los traslados conforme al protocolo, garantizando que cada niño y adolescente reciba la atención adecuada. "Hoy estamos dando un paso crucial para proteger los derechos de estos menores, pues tenemos la obligación moral de ofrecerles un entorno seguro y acogedor en medio de la adversidad", concluyó la ministra.