PALMA, 12 de marzo.

Un grupo diverso de aproximadamente treinta organizaciones que componen el Fòrum de la Societat Civil ha decidido llevar su descontento al Tribunal Constitucional, interponiendo un recurso contra la reciente ley de simplificación y las controversiales legalizaciones en terrenos rústicos, consideradas por ellos como "la mayor operación especulativa en años en las Baleares".

En una conferencia de prensa en el Estudi General Lul·lià, los representantes de estas entidades anunciaron que el recurso será formalizado este jueves, resultado de la colaboración de fuerzas como PSIB, MÉS, Podemos y el GOB, que han sumado apoyo de otros colectivos. La responsabilidad de presentar el recurso caerá, en efecto, sobre los diputados nacionales del PSOE, SUMAR, Més y Podemos ante el tribunal de máxima instancia del país.

Según los portavoces, la iniciativa busca evidenciar un amplio consenso en contra de las políticas desreguladoras del Govern, a las que acusan de causar una regresión sin precedentes en la protección del territorio y el medio ambiente.

El recurso se fundamenta en dos puntos clave de inconstitucionalidad, centrándose particularmente en el proceso de legalización de bienes inmuebles y usos irregulares, así como en la figura del silencio positivo, que según su opinión favorece en gran medida las legalizaciones. Además, se cuestiona la posibilidad de que estas legalizaciones se destinen a fines de alquiler turístico.

Miquel Camps, representante del GOB Menorca, ha calificado esta ley de simplificación como "la mayor operación especulativa en Baleares en los últimos años", describiendo el mensaje hacia la ciudadanía como "devastador".

Jaume Garau, integrante de la Ejecutiva del Fòrum, ha destacado la "irónica" etapa política actual, en la que se mezcla una supuesta "pasión" por transformar el modelo económico y social hacia la sostenibilidad con la activación de procesos de legalización. "Nos hacen creer que hay un gran pacto por la sostenibilidad mientras promueven estas legalizaciones. Es un escenario completamente maquiavélico", criticó, aludiendo al "doble discurso" del Govern liderado por Marga Prohens.

Mercedes Garrido, diputada del PSIB, ha subrayado el contundente mensaje que estas organizaciones envían al Partido Popular. "Están en nuestra línea de fuego por lo que han hecho y lo que planean hacer", aseveró. La socialista se mostró optimista sobre la aceptación del recurso, afirmando que poseen tanto la razón moral como jurídica.

Por su parte, Lluís Apesteguia de MÉS per Mallorca, ha resaltado la responsabilidad de los partidos en la defensa de las Baleares frente a lo que él califica como "una de las mayores agresiones desde la restauración del autogobierno". El ecosoberanista también criticó la "perversión de los procesos legislativos" que llevaron a aprobar esta ley.

Josep Castells de Més per Menorca aprovechó para advertir sobre lo que describió como la "guerra de los nombres" en un contexto que se pensó superado en relación a los "pelotazos". Según él, se trata de una ley que, más que simplificar, destruye el territorio. "Es un gran pelotazo compuesto por pequeños pelotazos", enfatizó.

Desde Unidas Podemos, la diputada Cristina Gómez hizo un llamado a todos aquellos que "cumplen y tienen principios" para resistir las "tentaciones y la estafa social y ambiental" que representa esta norma. Gómez subrayó que los primeros beneficiarios de esta ley pertenecen al círculo cercano de la presidenta del Govern, Marga Prohens, aludiendo a ciertas naves en Campos, Mallorca.