En Madrid, el 6 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado a cabo un importante movimiento que podría cambiar el panorama para muchas mujeres en España. Ha emitido un requerimiento formal dirigido a los líderes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid, instándoles a establecer y regular, con urgencia, un Registro de Personas Objetoras de Conciencia en relación al aborto. Este registro debe ser creado en un plazo máximo de tres meses después de recibir la solicitud.

Fuentes del Gobierno han declarado a Europa Press que si, transcurrido dicho periodo, las comunidades no cumplen con esta exigencia, se pondrán en marcha los mecanismos legales necesarios para garantizar su implementación. Este paso brusco subraya la determinación del Gobierno para asegurar el acceso a servicios de salud reproductiva.

La Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva, vigente desde 2023, obliga a todas las comunidades autónomas a contar con un registro de objetores, un requerimiento que fue aprobado sin oposición en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024 y que tiene carácter obligatorio.

Del mismo modo, se ha subrayado que la ausencia de este registro está restringiendo el acceso de las mujeres a un derecho fundamental consagrado por ley. Las fuentes del Gobierno han enfatizado que la objeción de conciencia por parte de los profesionales no debe ser un impedimento para el ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito sanitario.

Con esta acción, el Gobierno busca dar un paso significativo hacia la garantía de que todas las mujeres, independientemente de su lugar de residencia, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, asegurando que dicho derecho se respete en el sistema de salud pública, con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad necesarias.