El pasado jueves, el Congreso de los Diputados en Madrid dio un paso adelante al aprobar un proyecto de ley que regula la navegación aérea y destina una suma de 319 millones de euros para compensar a las aerolíneas. Esta partida se destina a cubrir el descuento del 75% en los billetes aéreos para los residentes de las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

El proyecto, que ahora se enviará al Senado para su evaluación, recibió el respaldo de una amplia coalición de fuerzas políticas, incluyendo al PSOE, Sumar, ERC, PNV y otros. Solo el Partido Popular decidió abstenerse y Vox votó en contra, resultando en un recuento final de 180 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones. Este amplio consenso subraya la importancia de la conectividad regional y del apoyo a las comunidades insulares.

Entre los aspectos más significativos de esta legislación se encuentra una enmienda que permite actualizar el pago a las aerolíneas por las bonificaciones de billetes de avión aplicadas a los residentes de las mencionadas regiones. La diputada Milena Herrera, del PSOE, subrayó que los 319 millones reflejan exactamente lo pendiente para el próximo año: “Son 319 millones de euros, y no más” destacó, desmintiendo así los temores infundados que el Partido Popular había promovido en Baleares.

Herrera enfatizó que, contrariamente a las afirmaciones del PP, los descuentos no han estado en riesgo y la conectividad seguirá garantizada para los ciudadanos. “Este Gobierno está comprometido a cumplir con sus obligaciones”, agregó con firmeza.

La respuesta del PP llegó a través de su diputado Celso Delgado, quien argumentó que la cantidad aprobada es insuficiente. Su partido había propuesto aumentar la cifra a 1.200 millones, pero el Gobierno rechazó esta enmienda citando razones presupuestarias. Delgado lamentó que esta decisión obligará a las aerolíneas a asumir costes que, según él, deberían recaer en el ámbito estatal.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) también se pronunció al respecto, afirmando que, aunque los 319 millones ayudarán a mitigar el problema, el monto es insuficiente. Estiman que, de la partida inicialmente prevista en el presupuesto prorrogado de 2023, debería estar cerca de los 1.500 millones para cubrir adecuadamente las necesidades.

Por otro lado, el nuevo marco normativo incluye medidas para la gestión de más de 90 aeronaves abandonadas en los aeropuertos de Aena, que podrán ser transferidas a instituciones educativas, culturales o sin fines de lucro, o, en su defecto, subastadas para beneficio del Estado. Estas disposiciones buscan dar un nuevo propósito a los recursos inactivos en los aeropuertos.

En caso de que las aeronaves no puedan ser conservadas, se permitirá que su material se ofrezca a instituciones con nivel de vinculación con el sector aeronáutico, siempre que se presente un informe de la Agencia de Aviación Civil que evalúe su estado y posible uso. Estas instituciones tendrán un plazo de 20 días para manifestar interés de adquisición antes de que se proceda a la subasta.

Finalmente, el proyecto también contempla la inclusión de coeficientes reductores para el personal sanitario que trabaje en el ámbito aéreo, lo que facilita su acceso a una jubilación anticipada dentro del sistema de Seguridad Social. En los próximos tres meses, el Gobierno se encargará de iniciar el procedimiento para implementar este beneficio que favorece a un sector esencial en la atención sanitaria durante vuelos.