El conflicto por la insularidad en Baleares ha cobrado fuerza, con un llamado a la movilización que se repetirá todos los viernes durante mayo y junio. Funcionarios del Estado se han agrupado en Palma, específicamente frente al edificio de la Seguridad Social, para manifestar su descontento y exigir una actualización del controvertido plus de insularidad.

Fernando Martorell, secretario de la Administración General del Estado en Baleares por UGT y representante de la Plataforma Insularidad Digna, anunció que esta protesta es solo el comienzo de un movimiento más amplio. La plataforma, que une a 21 sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil, convoca a los funcionarios a unirse a estos paros semanales en busca de una solución que parece eludir al actual Gobierno de España.

Martorell expresó que la paciencia de los trabajadores se ha agotado, después de haber sufrido durante años con una situación insostenible. Argumenta que hay precedentes de acciones efectivas cuando hay voluntad política, citando como ejemplo el reciente aumento en la indemnización por residencia para los 65.000 funcionarios de la administración autonómica de Baleares, un cambio implementado por la presidenta del Govern, Marga Prohens.

En contraste, más de 10.500 funcionarios estatales continúan anclados en la incertidumbre, sin ver su plus de insularidad actualizado a pesar de las crecientes necesidades de la población balear. “El déficit de personal se hace cada vez más evidente”, enfatizaron, señalando que de los aproximadamente 705 funcionarios de la Seguridad Social en la región, un alarmante 18% de las plazas permanecen vacías.

La preocupación por esta falta de personal se agrava en un contexto en el que la población de Baleares sigue creciendo. Los funcionarios sienten que enfrentan un “cóctel explosivo” que hace que su trabajo sea cada vez más difícil, ya que deben atender a una población en aumento con cada vez menos recursos humanos a su disposición.

A su vez, Martorell criticó las desigualdades salariales que se producen entre los funcionarios de distintos territorios. En Baleares, un administrativo de grupo 3 recibe aproximadamente 75 euros de indemnización por residencia, mientras que en otras regiones, como Canarias, el monto supera el doble. Este hecho no solo desanima a los aspirantes, sino que ya se ha traducido en una alta deserción de nuevos profesionales de la administración pública en la isla.

Manuel Pavón, secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Baleares, también se unió a las declaraciones urgentes sobre la escasez de personal, mencionando que se ha aprobado la creación de 400 plazas desiertas en la policía nacional en la región, un hecho que considera inaceptable. Atribuyó esta problemática a una falta de acción del Gobierno central, que debe asumir su responsabilidad en la mejora de las condiciones laborales.

Pavón subrayó que no se puede ignorar la relevancia de resolver estos problemas, especialmente con una presidenta mallorquina del Congreso que, según él, está en una posición privilegiada para hacer cambios. Sin embargo, lamentó que no se ha tomado ninguna acción significativa a pesar de haber firmado acuerdos previos.

La jornada concluyó con un mensaje claro de que queda poco tiempo para una intervención efectiva. No actuar podría llevar a un colapso inminente en los servicios públicos en las islas, advirtieron los portavoces de la Plataforma Insularidad Digna, haciendo un llamado urgente a las autoridades competentes.

Finalmente, representantes del partido Vox también se unieron a la manifestación, mostrando su respaldo a las demandas de los funcionarios y resaltando que el bienestar de los ciudadanos de Baleares está en juego debido a esta negligencia institucional.