En el marco de una intensa sesión en el Parlament de las Islas Baleares, se ha producido un choque significativo entre fuerzas políticas alrededor de la cuestión de los menores migrantes. La formación Vox, alineada con una postura radical, ha presentado una propuesta que ha sido respaldada por el Partido Popular, la cual busca facilitar la repatriación de menores migrantes a sus países de origen.

Durante este debate, Manuela Cañadas, la portavoz de Vox, hizo hincapié en la necesidad de priorizar a los menores locales, sugiriendo que la protección de la infancia en el archipiélago debería tener precedencia frente a la asistencia a aquellos que llegan desde el extranjero. En su intervención, Cañadas afirmó que las fronteras están imbuídas de peligros, insinuando la posibilidad de que hayan infiltraciones de personas con intenciones hostiles.

Además, la representante de Vox acusó a las autoridades de mantener a estos jóvenes en condiciones inadecuadas, sugiriendo que están "secuestrados" a pesar de contar con familias en sus naciones de origen. Cañadas denunció lo que describió como un encubrimiento de un gobierno y una oposición que, a su juicio, están cumpliendo con una "Agenda 2030" de carácter sospechoso.

Continuando con su arremetida, Cañadas tachó a los centros de acogida de "guetos", alegando que son espacios donde proliferan la violencia y otros problemas graves. Sostuvo que el modelo de distribución de menores entre comunidades autónomas no es una solución viable, argumentando que recaer responsabilidades en las comunidades en lugar del Estado es injusto para los ciudadanos y los menores.

En una crítica más amplia, la portavoz de Vox subrayó la disparidad de recursos destinados a ayudas estatales, sugiriendo que se priorizan las ayudas a inmigrantes en detrimento de los derechos de las pensiones en España. Su discurso culminó con una advertencia sobre las consecuencias que enfrentarán aquellos que, a su juicio, han estado silenciosamente permitiendo una "invasión".

En respuesta a estas afirmaciones, el representante del PP, Pedro Álvarez, defendió la propuesta de Vox como alineada con la legislación actual, destacando la importancia del interés superior del menor. Álvarez planteó que una familia estable debe ser la primera opción para estos menores y que los recursos deben focalizarse en apoyar a sus familias en sus países de origen antes de considerar su acogida en Balears.

A pesar de que el PP intentó enmendar la propuesta para que el Govern implementara mecanismos jurídicos que limitaran la acogida de menores migrantes de otras regiones, Vox desechó esta adición, continuando su defensa de su enfoque singular de repatriación.

Teresa Suárez, del PSIB, calificó de cínica la postura de Vox y refutó la idea de que los menores migrantes son "paquetes" que pueden ser devueltos arbitrariamente. Suárez recordó que el sistema de servicios públicos en Baleares no colapsaría con la llegada de 700 menores, y destacó la capacidad de España para acoger a grandes números, como se evidenció tras la crisis de Ucrania.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, expresó su preocupación por la retórica de miedo adoptada por Vox, advirtiendo sobre su potencial para fomentar una cultura de intolerancia y competencia entre vulnerables. Carrió defendió que la pobreza no debe ser vista como una amenaza para los recursos públicos.

Desde el grupo de Unidas Podemos, José María García arremetió contra la falta de empatía de Vox, instando a una respuesta más humanitaria y compasiva hacia la crisis migratoria.

En su defensa, Cañadas reiteró su postura de que la misericordia debe ser prioritaria para los residentes locales antes de extenderla a quienes llegan desde el exterior, afirmando que los derechos deben comenzar por los ciudadanos españoles.

Finalmente, Cañadas desestimó las acusaciones de racismo, insistiendo en que, según su perspectiva, los derechos deben ser primordiales para los españoles, dejando claro que su enfoque está centrado en proteger a la población nacional. Este enfrentamiento en el Parlament ilustra la creciente polarización en torno a temas migratorios en España.