En una polémica sesión plenaria, el Parlament ha aprobado la Ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos de Baleares, impulsada por el PP. Esta ley implica la eliminación, en un plazo de seis meses, de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, convirtiendo a Baleares en la primera Comunidad Autónoma en suprimir un organismo de este tipo.

La norma también establece que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos serán parcialmente confidenciales y prohíbe presentar denuncias de forma anónima. Actualmente, los expedientes en trámite estarán custodiados por un ente dependiente de la Conselleria de Presidencia.

Como parte de esta ley, se crea el Registro de Transparencia como un órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa, responsables de garantizar su correcto funcionamiento. Este registro será confidencial y cualquier acceso quedará registrado.

El PSIB ha criticado al Govern por convertirse en juez y parte, anunciando que estudia la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional y acusando al PP de actuar por venganza. El portavoz adjunto Marc Pons ha denunciado que la norma va más allá de la eliminación de la Oficina Anticorrupción, eliminando el régimen sancionador y creando una sensación de impunidad total.

Mientras tanto, el diputado del PP, Mauricio Rovira, ha defendido la proposición y ha criticado al PSIB por utilizar casos de corrupción antiguos para atacar al PP. Rovira ha recordado que la Oficina no fue efectiva en la prevención, haciendo referencia al caso de la compra de mascarillas.

En otra parte de la sesión, el pleno ha rechazado una solicitud de Més per Menorca para solicitar un informe al Consell Consultiu sobre el traspaso de los expedientes en marcha al Govern, a través de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la CAIB.