PALMA, 5 de noviembre. La comunidad de Baleares se enfrenta a una alarmante tasa de exclusión social del 19,1% para el año 2024, aunque muestra una ligera mejora respecto al 20,7% reportado en 2018. Estos datos fueron revelados en el IX Informe Foessa, presentado por Cáritas Española, que, pese a las cifras optimistas, advierte sobre la creciente precariedad en la integración y la exclusión moderada que afecta a un número significativo de ciudadanos.

Según las estadísticas, Baleares registra un 7,7% de exclusión severa, lo que representa una disminución de 1,9 puntos, mientras que la exclusión moderada ha aumentado a un 11,3% (+0,2 puntos). En contraste, el porcentaje de personas en situaciones de integración precaria se eleva al 38,9% (+2,5 puntos), y la integración plena se sitúa en un 42% (-0,9 puntos).

El Informe Foessa también abordó cuestiones críticas como la corrupción, que pone en jaque la confianza en las instituciones. Se destacó con preocupación la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares, una medida que puede intensificar la vulnerabilidad frente a discursos populistas.

En un contexto más amplio, el IX Informe Foessa resalta una “fragmentación social sin precedentes” en España, en la que una supuesta prosperidad coexiste con una de las tasas de desigualdad más elevadas de Europa. Aproximadamente 4,3 millones de personas viven en condiciones de exclusión severa, de las cuales un tercio son menores de edad, equivalente a 1,4 millones de niños.

“Estamos ante un proceso histórico de desintegración social. La clase media se desmorona, empujando a muchas familias a niveles de vida inferiores. A pesar de períodos de recuperación, la brecha no se ha cerrado; la integración social se ha debilitado y los niveles de exclusión severa en 2024 superan en un 52% a los de 2007,” subrayó Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del informe, durante una conferencia de prensa en Madrid.

El estudio, llevado a cabo por un equipo de 140 investigadores de diversas instituciones y basado en entrevistas a 31.015 personas, concluye que la inclusión social se está erosionando y que la exclusión grave sigue siendo alarmantemente alta en comparación con 2007.

El informe también desafía la noción de inacción, revelando que, a pesar de los retos diarios, tres de cada cuatro familias en condiciones de exclusión severa implementan estrategias de inclusión como la búsqueda de empleo, formación y el establecimiento de redes de apoyo. “El problema no radica en las personas, sino en un sistema que falla,” argumentó Flores.

Cuando se analizan las raíces de la exclusión social, dos factores sobresalen: vivienda y empleo. Un preocupante 45% de las personas que viven en alquiler se encuentran en riesgo de pobreza, siendo esta la tasa más alta en la Unión Europea.

“La crisis de la vivienda está excluyendo a uno de cada cuatro hogares de una vida digna, destruyendo el ya precario equilibrio de las clases medias. Los datos son contundentes: una cuarta parte de los hogares en España enfrenta alguna forma de exclusión residencial,” enfatizó Flores, quien no dudó en calificar el acceso a una vivienda como un “derecho ficticio.”

Asimismo, el informe alerta sobre el aumento del hacinamiento, que ha crecido del 5,1% en 2018 al 7% en 2024, lo que indica un deterioro en las condiciones de vida de la población.

Cabe destacar que el empleo ha perdido gran parte de su capacidad para brindar estabilidad e inclusión, afectando a cerca del 47,5% de la población activa. Esto se traduce en un total de 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral.

Además de la vivienda y el trabajo, factores como el nivel educativo, el origen familiar, la salud y las redes sociales también amplifican la exclusión. Por ejemplo, el informe revela que la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ya no actúa como un escudo protector, siendo el Bachillerato y la Formación Profesional las nuevas barreras entre la pobreza y la inclusión.

En términos de origen familiar, los hijos de personas con bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de caer en situaciones de pobreza en comparación con aquellos cuyos padres tienen una educación más alta.

Otra preocupación es el acceso a la atención médica; el informe revela que un alarmante 6% de las familias más vulnerables con enfermedades graves no recibieron tratamiento médico el año anterior, dos veces más que la media nacional.

El informe también destaca que la soledad ha aumentado significativamente, con una tasa de aislamiento en hogares con exclusión severa que ha pasado del 3,2% en 2018 al 16,6% en 2024. Casi la mitad de estos hogares son encabezados por mujeres, con un 42%, un aumento de más de 15 puntos desde 2007.

En términos de exclusión por origen, el informe revela que un 47,4% de las personas de origen inmigrante se encuentran en condiciones de exclusión, casi el triple que la población autóctona, que se sitúa en el 15,3%. Esta disparidad se ve agravada por la situación administrativa, dado que un 68% de las personas extracomunitarias sin regularizar padecen exclusión, en comparación con un 43% de quienes tienen permiso.

Ante la situación migratoria en el país, Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, destacó que aunque la reforma del reglamento de extranjería podría favorecer el arraigo, aún persisten problemas de burocracia que complican los procesos de regularización, lastrando así los derechos y oportunidades de las personas migrantes. Peiro exigió más recursos y apoyó la iniciativa legislativa para una regularización extraordinaria de medio millón de migrantes.

El informe también subraya que un tercio de la exclusión severa en España afecta a menores, cuya tasa de pobreza se sitúa en un 29%, la más elevada entre todos los grupos de edad y una de las más altas de Europa.

Los autores del estudio también señalan que 2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, lo que produce un “efecto cicatriz” en sus trayectorias laborales y salariales.

Por último, el documento advierte que nuestro modelo socioeconómico ignora los límites del planeta, mostrando una huella ecológica que triplica la capacidad de España. “Si todos viviéramos como la población en España, necesitaríamos el equivalente a 2,5 planetas,” concluyó Flores, quien también hizo hincapié en el creciente individualismo.

En resumen, esos desafíos sociales son reflejo de un sistema que perpetúa la desigualdad, precariedad y fractura social. “Nos encontramos ante una paradoja que define nuestro tiempo: una sociedad de desasosiego donde la apariencia de bonanza económica convive con malestares estructurales profundos, es decir, vidas bloqueadas, soledad y un creciente malestar ecológico,” agregó Flores, aunque también destacó las “capacidades de resistencia” de la sociedad.