La presidenta de la Cámara Baja no ha revelado quién recomendó a su Gobierno contratar con la empresa auspiciada por Koldo García.

MADRID, 12 de mayo.

La comisión del Congreso encargada de investigar los contratos de emergencia para la adquisición de material sanitario durante la pandemia ha convocado para este lunes a la presidenta de la Cámara Baja y ex presidenta de Baleares, Francina Armengol, así como a dos ex altos cargos del Gobierno regional, que pagaron 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión -- la empresa vinculada a la 'trama Koldo' -- por la compra de mascarillas.

Este será el tercer encuentro de comparecencias que tendrá lugar en la comisión. Después de una primera sesión en la que se interrogó a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y al ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, el enfoque cambió hacia la presunta trama que suministró material sanitario a la Diputación de Almería, gobernada por el PP.

En la segunda sesión, la comisión escuchó a un ex cargo del PP arrestado en 2021 por este caso y al actual vicepresidente segundo de la Diputación, y número dos del partido en esa provincia, Fernando Giménez Giménez. Aunque aún faltan por comparecer varios relacionados con esta trama que aún no ha sido juzgada, la comisión ha decidido centrarse en la vertiente balear del 'caso Koldo' en su tercera sesión.

De este modo, las comparecencias del lunes comenzarán a las once y media de la mañana con Manuel Palomino, quien ocupaba el cargo de director de Presupuestos en el Servicio de Salud de las islas (IB-Salut) durante la pandemia. A las tres de la tarde le tocará el turno al actual portavoz del PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, que fue conseller entre 2015 y 2023, y a partir de las seis de la tarde, será el momento de la actual presidenta del Congreso.

Su gobierno otorgó un contrato de emergencia a la empresa Soluciones de Gestión, la cual era recomendada por Koldo García Izaguirre, quien en ese momento era asesor del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos. En abril de 2020, el ejecutivo autonómico abonó a dicha empresa 3,7 millones de euros por la compra de mascarillas.

En una declaración pública el pasado mes de marzo, Armengol negó haber recibido "órdenes" o "presiones" de la trama Koldo para adquirir material o exigir la devolución de parte del mismo, aunque no especificó quién del Ministerio de Fomento les aconsejó contratar con Soluciones de Gestión.

Armengol siempre ha afirmado que todas las ofertas recibidas para la venta de material durante la pandemia eran remitidas a los técnicos del Servicio Balear de Salud, quienes eran los encargados de revisar precios y materiales y decidir si contrataban o no.

Desde el gobierno anterior de Baleares han explicado que desde el principio, este contrato de emergencia buscaba la adquisición de mascarillas de uso domiciliario y para mantener un stock, no para un uso inmediato en los centros sanitarios.

En junio de 2020 se percataron de que el material adquirido no cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas, pero en agosto el IBSalut emitió un certificado a la empresa indicando que no había habido ninguna incidencia con el contrato. El equipo de Armengol en Baleares asegura que este certificado simplemente era una especie de acuse de recibo automático que se daba por hecho, únicamente confirmando que la transacción se había realizado, sin impedir posteriormente reclamaciones.

Las mascarillas no se utilizaron, se quedaron almacenadas ya que se fueron adquiriendo otras de mejor calidad a las que se les dio prioridad. Tampoco se destruyeron debido a la desaprobación del gobierno central y porque resultaban útiles como stock para ser utilizadas en las fases de desescalada meses después.

Con el paso del tiempo, se empezaron a revisar los contratos firmados y en julio de 2022, el IBSalut ya pensaba en reclamar. En febrero de 2023, se discutió en una reunión de la dirección y al mes siguiente se informó a la empresa, la cual expresó su desacuerdo. La reclamación buscaba la devolución de 2,6 millones de euros, la diferencia de costo entre el tipo de mascarillas solicitadas y las recibidas.

Esta reclamación se formalizó en julio de 2023, años después de la adquisición pero dentro del plazo de prescripción establecido en cuatro años. Fue con el Govern socialista ya en funciones, pero se notificó al nuevo Gobierno del PP durante el traspaso de poderes.

Los socialistas argumentan que este expediente de reclamación debió resolverse en seis meses y creen que al final se desestimó debido a la falta de acción por parte del Ejecutivo de la 'popular' Marga Prohens. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, señala en un auto que Koldo habría influenciado para que el actual gobierno autonómico finalmente desistiera de la reclamación, aunque desde el IBSalut lo niegan.

El Gobierno de Prohens se basó en ese certificado enviado a la empresa en agosto de 2020 para abandonar el expediente de reclamación iniciado por el Gobierno anterior, argumentando que dificultaba que les dieran la razón, y optó por iniciar una nueva reclamación, esta vez por el importe total del contrato, los 3,7 millones de euros.

Una vez finalicen las comparecencias, la comisión se reunirá a puerta cerrada para tomar una decisión sobre el informe de los letrados que aconseja retirar parte de las solicitudes de documentación aprobadas hace una semana, incluida la información solicitada por el PSOE relacionada con el entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tanto su pareja como sus familiares directos.