La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha desestimado la importancia de la querella presentada por Vox en su contra, a raíz de los mensajes intercambiados con Koldo García Izaguirre sobre un posible contrato para la adquisición de pruebas PCR durante su mandato en el Gobierno balear.

Armengol ha recordado que no es la primera vez que enfrenta este tipo de acusaciones, haciendo alusión a una querella anterior que fue desestimada por el Tribunal Supremo. La semana pasada, la mandataria balear afirmó que el informe de la UCO respalda su versión de los hechos, negando haber negociado contratos con la mencionada trama.

Según la UCO, Koldo García se comunicó directamente con Armengol en agosto de 2020 para tratar de conseguir un contrato con una empresa proveedora de pruebas PCR. Sin embargo, la presidenta balear derivó el asunto a los técnicos de Salud, evitando un trato directo con el asesor de Ábalos.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso, Armengol afirmó no recordar todas las comunicaciones con Koldo García, pero negó rotundamente haber discutido la contratación de ninguna empresa con él. La UCO detalla mensajes de WhatsApp en los que se solicita la colaboración de la entonces Consejera de Salud de Baleares en el proceso.

El entorno de la presidenta destaca que Armengol nunca participó en procesos de contratación durante su mandato y que las propuestas recibidas eran remitidas al servicio de Salud para su evaluación técnica. En el caso de las PCR con Megalab, cuyo costo era de 65 euros por prueba y con un tiempo de espera de cuatro horas para obtener resultados, la oferta fue considerada económicamente inviable y poco práctica para su implementación en los aeropuertos de Baleares.

A pesar de ello, se reconoce que más adelante se llegó a contratar con Megalab, al igual que lo hicieron otras administraciones como la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía, ambas gobernadas por el Partido Popular.