En una controvertida decisión, Vox ha presentado en el Parlament su propuesta para revocar la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares, aprobada en 2018.

Argumentando la derogación de la norma, los representantes de Santiago Abascal afirman que la ley de 2018 no coincide con los valores de libertad, respeto y tolerancia que caracterizaron la Transición, ya que consideran que esta ley impone la interferencia del Estado en la conciencia de los ciudadanos, moldea su memoria individual, restringe la libertad de opinión, limita la libertad de enseñanza e incluso castiga el trabajo de los historiadores si no se ajusta a la interpretación sesgada de ciertos partidos políticos.

Asimismo, argumentan que esta normativa ataca la igualdad de todos los españoles, discrimina y excluye a una parte de la población por su opinión, sus circunstancias personales, sociales e históricas, citando como ejemplo el bando en el que lucharon durante la Guerra Civil.

También sostienen que constituye una clara violación del derecho a la libertad ideológica y de pensamiento, afirmando que las convicciones de los individuos no pueden ser reguladas normativamente ni restringida su expresión pública. Añaden que las leyes que buscan reinterpretar la historia según los intereses de una parte no han sido beneficiosas para la paz, la democracia ni los derechos fundamentales.

Por otra parte, el documento enfatiza que las "convulsiones" que condujeron al estallido de la Guerra Civil comenzaron con la proclamación de la Segunda República en 1931, prediciendo un clima de inestabilidad social, crisis institucional y exclusión del oponente que caracterizó a sus diferentes gobiernos.

Además, Vox sitúa los sucesos en España entre 1931 y 1945 dentro de un contexto europeo marcado por pasiones ideológicas, la brutalización de la política y la deshumanización del otro.

Asimismo, argumentan que entre 1931 y 1936 la interacción pública se deterioró significativamente. La coerción del Estado se debilitó, las normas del juego se rompieron y las calles experimentaron una espiral de violencia que envenenó la convivencia y rompió los lazos entre muchos españoles.

Vox aboga por la derogación debido a que, en su opinión, un pasado tan complejo y multifacético requiere enfoques diversos, imparciales y comprensivos. Señalan que hasta el día de hoy no existe un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo, y argumentan que todavía persisten debates intensos sobre la época en términos teóricos, metodológicos e interpretativos.

Para los seguidores de Abascal, la diversidad de posturas es considerada como una riqueza saludable que debe ser conservada.