MADRID, 27 de noviembre.

El conseller de Educación y Universidades del Gobierno Balear, Antoni Vera, ha expresado su descontento con el convenio de financiación relacionado con la implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), argumentando que este acuerdo "vincula económicamente y perjudica a Baleares".

Estas declaraciones las realizó al llegar a un evento en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, donde firmó un convenio junto al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y el rector de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Jaume Carot. Este convenio busca impulsar el Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador en la UIB, conocido como Programa María Goyri.

A pesar de que el Gobierno Balear ha formalizado la firma del mencionado convenio, Vera ha subrayado que continuarán exigiendo al Ministerio los recursos financieros necesarios para aplicar la LOSU en condiciones de equidad.

El conseller destacó que la UIB requiere urgentemente "más de 230 profesionales", pero a través de este acuerdo, el Estado solo financia 28, mientras que la comunidad autónoma debe asumir la financiación de 18 más, sumando un total de 46. Vera ha criticado esta cifra, señalando que “está muy lejos de lo que necesita nuestra universidad”.

“Baleares no aspira a ser más que los demás, simplemente deseamos ser tratados en igualdad. Para nosotros, nuestra universidad pública, en una comunidad autónoma de múltiples islas, representa un pilar fundamental de cohesión”, enfatizó Vera.

Por su parte, el rector de la UIB, Jaume Carot, ha afirmado que, aunque el convenio firmado es "importante e imprescindible", también lo considera "totalmente insuficiente".

Carot ha explicado que la escasez de personal docente se debe a las modificaciones en las atribuciones del profesorado que se produjeron con la entrada en vigor de la LOSU, lo que ha llevado a un déficit significativo de horas docentes y, por ende, a una insuficiencia de profesorado.

Durante la firma del acuerdo, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, destacó que "el compromiso del Gobierno con el Programa María Goyri significa financiar durante seis años 3,400 plazas de profesorado ayudante doctor en toda España, representando un coste total de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo".

Asimismo, señaló que el Programa también conlleva la movilización de 2,236 plazas adicionales que serán financiadas por las comunidades autónomas, las cuales son responsables de estas competencias.

Cigudosa recordó que esta es "la primera vez" que el Gobierno de España asume directamente los salarios de los profesores e investigadores universitarios, lo cual representa una significativa transferencia de recursos en una competencia delegada a las comunidades autónomas.