PALMA, 1 de julio. Hoy se ha reanudado el juicio por la macroestafa de Lujo Casa en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, donde varios afectados han declarado sobre su experiencia y el papel del Ayuntamiento de Llucmajor en este engaño. Durante las declaraciones, los testimonios han coincidido en señalar que, al acercarse a las autoridades locales, recibieron respuestas alarmantemente evasivas, como el aseguramiento de que "ahí no había nada" y que "los planos no eran fiables".

Una de las afectadas, quien junto a su pareja adelantó 23.000 euros que más tarde pudieron recuperar por la vía civil, relató cómo las alarmas comenzaron a sonar cuando decidió buscar respuestas en el Ayuntamiento. La falta de licencia por parte de los promotores, quienes se habían mostrado interesados en el terreno, fue un hecho que la sorprendió, ya que arrojaba dudas sobre la validez del proyecto.

La misma testigo recordó que, al mostrar los planos de la obra a un amigo aparejador, este le advirtió sobre la falta de fiabilidad en los documentos. Cuando buscó una conversación con el arquitecto de la promoción, también se topó con evasivas y excusas que la frustraron aún más.

Otra pareja de afectados, que aún espera recuperar los 17.500 euros que adelantaron, compartió su angustia al buscar una casa más grande tras la llegada de su hija. Describieron cómo sus esperanzas se desvanecieron junto con sus inversiones, señalando que Carlos García Roldán, el presunto líder de la trama, les había asegurado que el terreno era de su propiedad.

Asimismo, un testigo que entregó 35.000 euros en efectivo contó que lo hicieron convencidos de que recibirían un descuento. Sin embargo, al intentar comunicarse con los promotores, descubrieron que sus llamadas eran ignoradas o atendidas por una secretaria. En el Ayuntamiento de Llucmajor les confirmaron que no había licencia para las obras, lo que coincidía con otros relatos de los afectados.

Los testimonios presentados hoy han evidenciado la conexión entre Mallorca Investment, bajo la dirección de Michelle Pilato, quien enfrenta una posible condena de diez años, y Lujo Casa, ya que ambas empresas solían anunciarse juntas, lo que generaba una apariencia de legitimidad en sus operaciones.

De acuerdo con el informe del fiscal anticorrupción, se alega que García Roldán y sus coacusados utilizaron la empresa Promociones Lujo Casa Baleares para crear una fachada de actividad inmobiliaria, ofertando públicamente viviendas que jamás materializaron. Utilizaban fotografías de proyectos ajenos que encontraban en internet para atraer a potenciales compradores.

A pesar de haber publicitado al menos 32 promociones en toda la isla, únicamente adquirieron siete solares, y no se llegó a construir ninguna vivienda. A través de este esquema engañoso, los procesados estafaron 3,3 millones de euros a 235 personas, muchas de ellas jóvenes parejas que tenían la esperanza de asegurar su hogar.

A medida que se acercaban las fechas de entrega de las viviendas, los compradores comenzaron a presentar reclamaciones y a solicitar explicaciones. Sin embargo, solo recibieron promesas vacías. Se les convenció de no presentar denuncias, argumentando que eso podría complicar la posibilidad de recuperar su dinero o de que las promociones salieran adelante.

Con el dinero obtenido de las estafas, los acusados financiaron salarios ficticios y despilfarraron grandes sumas en lujos, como cenas en restaurantes, servicios de compañía, casinos, joyería y automóviles. Un detalle alarmante es que García Roldán registró 227 visitas a un casino, donde gastó 712.000 euros mientras trataba de captar fondos.

Al enterarse de que estaba bajo investigación, García Roldán huyó a Colombia, donde adoptó una nueva apariencia y buscó ocultarse. Sin embargo, en 2019 fue arrestado en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía colombiana. Tras un tiempo en prisión en el país sudamericano, fue extraditado a España, donde pasó cuatro años en prisión provisional. En diciembre de 2022, fue puesto en libertad bajo medidas cautelares, situación que se mantiene hasta el inicio del juicio.