Ureña cuestiona la posibilidad de que el Govern de Prohens haya acordado la caducidad de la reclamación con la trama.

El director general del IbSalut, Javier Ureña, ha calificado como "inverosímil" la posibilidad de que alguien del Govern de Marga Prohens o del Servei de Salut estuviera involucrado en acuerdos con la trama Koldo para caducar el expediente de reclamación de las mascarillas fraudulentas compradas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas durante la pandemia.

En su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlament, Ureña ha detallado la cronología de la compra de las mascarillas en 2020 y la reclamación posterior. Ha afirmado que el Govern de Armengol fue quien permitió la entrada a la presunta trama corrupta en Baleares, pero ha asegurado que ningún miembro del actual Ejecutivo ha mantenido contacto con personas relacionadas con la empresa investigada por la Audiencia Nacional.

Ureña ha reiterado que la idea de un acuerdo entre la empresa y el Ejecutivo para caducar el expediente es "absolutamente inverosímil" y que de haber habido contactos estos se habrían detectado en las escuchas realizadas.

Respecto al motivo de su comparecencia, Ureña ha explicado que el desestimiento del expediente de reclamación se debió a errores en la reclamación inicial que hubieran impedido recuperar el total de 3,7 millones de euros y porque presentaba vicios de nulidad.

El diputado socialista Carles Bona ha acusado a Ureña de dar un discurso político y de limitarse al motivo oficial de la comparecencia, que era el desestimiento del expediente de reclamación.

Esta comparecencia ha llegado tras una denuncia presentada por el PSIB contra Ureña por prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias relacionados con el desestimiento de la reclamación, que ha llevado a un juzgado de Palma a abrir una investigación.

Es importante mencionar que la comparecencia de Javier Ureña en el Parlament se produce justo antes de que comiencen las comparecencias en la Comisión de investigación sobre la compra y reclamación de las mascarillas durante la pandemia, en la que Ureña será el último en comparecer el 7 de junio según el calendario aprobado la semana pasada.

En marzo, el Ejecutivo anunció el desestimiento de la reclamación iniciada por el gobierno anterior al considerarla inviable, al mismo tiempo que iniciaba un nuevo expediente para declarar nulo el contrato original y reclamar la totalidad de los 3,7 millones de euros.